La Ley 2281 de 2024, que estableció la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, fue declarada inconstitucional por irregularidades en su proceso legislativo. La demanda, presentada por diversos actores políticos y jurídicos, señaló la falta de claridad en las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Gustavo Petro y la ausencia de un análisis exhaustivo del impacto fiscal de la iniciativa durante su trámite en el Congreso.
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A pesar de esta declaración de inconstitucionalidad, la Corte decidió aplazar los efectos de su fallo por un período de dos legislaturas, que se extiende hasta el 20 de junio de 2026. Durante este tiempo, el Ministerio de la Igualdad y Equidad seguirá operando, pero se requerirá la promulgación de una nueva ley que subsane los vicios encontrados por la Corte.
Los demandantes, entre los que se encuentran Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y José Jaime Uscátegui, expresaron sus objeciones al artículo 12 de la Ley 2281, el cual otorgaba al presidente facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con otras entidades. Además, señalaron que el Congreso no evaluó adecuadamente los costos asociados a la creación del Ministerio.
La Corte constató que el Congreso no cumplió con el análisis de impacto fiscal exigido por la Ley 819 de 2003, lo que constituyó un vicio de procedimiento insubsanable. Sin embargo, la eliminación inmediata de la Ley 2281 conllevaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de grupos de especial protección constitucional.
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En este contexto, la Corte resolvió diferir los efectos de su decisión por dos legislaturas, con el fin de permitir al Gobierno Nacional y al Congreso ajustar las funciones del Ministerio de la Igualdad y Equidad y realizar las modificaciones necesarias para evitar afectaciones a los beneficiarios de las políticas públicas vigentes.
