Este acuerdo no solo reconoce el derecho de las personas a vivir en un entorno saludable, sino que también establece mecanismos para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
La Corte Constitucional declaró exequible la Ley 2273 de 2022, mediante la cual se ratifica el Acuerdo de Escazú. Este importante instrumento, oficialmente denominado “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe”, ha sido catalogado como uno de los tratados más relevantes en materia ambiental y de derechos humanos de las últimas dos décadas en la región.
El Acuerdo de Escazú, adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, representa un hito en la legislación ambiental global. Este tratado no solo reconoce el derecho de las personas a vivir en un entorno saludable, sino que también establece mecanismos para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Además, es el primer acuerdo en el mundo que incluye disposiciones específicas para proteger a los defensores del medio ambiente, un tema crucial para una región que se ha convertido en una de las más peligrosas para quienes luchan por la protección de la naturaleza.
Acceso a la información
Uno de los aspectos más destacados del Acuerdo de Escazú es la regulación del acceso a la información ambiental. Según la organización Escazú Ahora, este tratado obliga a los Estados a generar, recopilar y difundir información ambiental de manera proactiva, regular y comprensible. Esto incluye la elaboración de informes nacionales sobre el estado del medio ambiente y la evaluación continua de las políticas implementadas para su protección. Esta disposición busca empoderar a la ciudadanía, permitiéndole estar informada y participar activamente en la protección de su entorno.
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El tratado también pone un fuerte énfasis en la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Tal como señala Escazú Ahora, esta participación debe ser desde las etapas iniciales de los proyectos, con plazos razonables y bajo condiciones que consideren las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género de las comunidades involucradas. Este enfoque inclusivo y participativo busca asegurar que las decisiones ambientales sean tomadas de manera democrática y que reflejen las necesidades y preocupaciones de todas las partes afectadas.
Protección de defensores
La protección de los defensores ambientales es otro pilar fundamental del Acuerdo de Escazú. El tratado busca garantizar entornos seguros y libres de violencia para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Esta medida es particularmente relevante en un contexto donde América Latina y el Caribe se han convertido en las regiones más peligrosas para los defensores ambientales. Un informe de Global Witness reveló que, durante 2022, Colombia fue el país con más asesinatos de defensores de derechos humanos y de los territorios, registrando 60 muertes en un año descrito como “funesto” para el país.
Con la ratificación del Acuerdo de Escazú, Colombia se une a otros 13 países de la región que han ratificado este importante tratado, consolidando su compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos. La aprobación de la Corte Constitucional representa el último paso para que Escazú se convierta en una realidad tangible en el país, marcando un avance significativo en la lucha por un futuro más justo y sostenible.
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