Los ciudadanos Luis Manuel Ramos y José Orlando Díaz habían interpuesto unas denuncias en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra los senadores de la Colombia Humana Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, y Francisco Maltés, presidente de la CUT, por supuestamente promover protestas que desencadenaron violencia, asonadas, disturbios y vandalismo.
Además, los señalaban de haber promovido e instigado la realización de las manifestaciones “en circunstancias que desconocieron las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno Nacional, con miras a mitigar los efectos nocivos de la pandemia del Covid-19”.
Los demandantes pedían que se abriera una investigación penal a los senadores por los delitos de abuso de autoridad, concierto para delinquir, terrorismo y extorsión, por los hechos violentos ocurridos durante el paro nacional en los meses de abril y mayo que ha dejado, según cifras oficiales, más de 20 muertos y 2.000 heridos entre civiles y policías.
Incluso, culpan a Petro y a Bolívar de ser los autores intelectuales de los daños ocasionados en esos meses “debido a un uso abusivo de sus funciones y poder de liderazgo con el que inducen al error al pueblo con el fin de crear caos, desestabilización del gobierno, todo esto para favorecer sus intereses electorales”.
Para la Corte Suprema de Justicia, los señalamientos de los señores Ramos y Díaz son tan abstractos, “que impiden tenerlos como base apropiada sobre la cual desplegar una actividad mínima de recolección de elementos probatorios”.
De igual manera, determinó que las denuncias no plantean cuáles son, en concreto, las acciones de los congresistas para demostrar un supuesto control de los resultados de dichas manifestaciones.
“Esto conduce a afirmar que las conductas se basan en inferencias y valoraciones propias sobre los recientes acontecimientos en el país, que, desde el punto de vista de inicio y ejercicio de la acción penal, resultan insuficientes”, dice la Corte Suprema de Justicia.
Por lo anterior, la Corte inadmitió las denuncias, además porque no contienen “imputación definida, ni con la suficiente seriedad como para poder inferir razonablemente la posible comisión de conductas punibles realizadas por los senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar”.
