Una serie de órdenes a la Unidad Nacional de Protección (UNP) encaminadas a proteger la vida de un grupo de excombatientes de las Farc que, al parecer, se encuentran en constante amenaza de muerte en el departamento de Nariño, fue emitida por la Corte Constitucional.
La UNP deberá adelantar “los trámites pertinentes para hacer la entrega efectiva de las medidas de protección que se adoptaron a favor de la comunidad de Nueva Área de Reincorporación (NAR) de Tallambí, municipio de Cumbal – Nariño”, dice la orden emitida por la Corte.
La Corte Constitucional advierte que esa orden se debe cumplir de manera inmediata mientras que se toman decisiones de fondo respecto a una acción de tutela que ese grupo de excombatientes interpuso contra el Gobierno.
La tutela está encaminada a buscar la protección de sus derechos a la vida y la salud y se enfoca contra la Presidencia de la Republica, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
Así mismo, la Corte en el mismo auto de la decisión, ordena que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo vigilen el cumplimiento de la orden a la UNP.
Esa comunidad está integrada por 128 exguerrilleros que viven en zona fronteriza con Ecuador, donde se presentan constantes disputas entre la guerrilla del Eln y el frente ‘Oliver Sinisterra’.
Allí se asentó ese grupo de excombatientes tras la firma de los acuerdos de paz en el 2016.
