El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, radicaron ante el Senado de la República un proyecto de reforma que busca reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y asegurar en todo momento los derechos de las víctimas.
La iniciativa es producto de un proceso de discusión y concertación con distintos sectores para lograr un articulado que propone cambios estructurales, mediante los cuales se restituye el equilibrio del Sistema Penal Oral Acusatorio, se disminuyen los tiempos de los procesos y se optimiza el funcionamiento del aparato judicial.
El proyecto retoma el espíritu original del sistema penal colombiano, creado en 2004 para potenciar las actuaciones a través de la justicia premial, pero que ha ido sufriendo modificaciones aumentando las restricciones a figuras como los preacuerdos y principios de oportunidad, valiosas alternativas para la terminación anticipada de los procesos.
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Contrario al ideal de las soluciones ágiles y consensuadas de los procesos como regla general, actualmente solo el 10% de los casos que ingresan al sistema penal son resueltos por mecanismos de terminación anticipada. Con la reforma se busca revertir esta situación para que un mayor porcentaje de casos pueda resolverse de manera rápida y eficiente, sin llegar a juicio, como es la tendencia en los modelos penales internacionales, y así, también, evitar prescripciones, vencimientos de términos y la revictimización a las personas afectadas por los delitos.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia proponen ajustes como el levantamiento de restricciones a mecanismos procesales implementados por la Ley 906 de 2004, la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos, y la aplicación del principio de oportunidad de manera eficiente.
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