Una de las características de las revoluciones culturales impulsadas o promovidas por la ideología comunista durante el transcurso de la historia, ha sido la de cambiar el lenguaje tradicional o el significado de las palabras, con el fin de establecer diferencias de contenidos con los cuales consolidar el nuevo orden social que obedezca a sus intereses políticos.
A propósito del informe rendido por la Comisión interamericana de Derechos Humanos, con relación a los hechos y circunstancias ocurridos durante las movilizaciones callejeras y el paro nacional promovido por las centrales obreras y los sindicatos estatales; se destacan variadas muestras de la forma como en dicha Comisión influyen los sesgos ideológicos de la izquierda comunista.
Quizá el más notorio y por supuesto aberrante, es el que denominó como “ cortes de ruta” a los bloqueos sistemáticos que paralizaron en buena parte la producción y comercialización de la economía nacional, causando con ello graves perjuicios a los campesinos, industriales, comerciantes y consumidores; con secuelas en el empleo y la dinámica económica nacional e internacional.
De igual manera, con las numerosas movilizaciones callejeras, orquestadas por los promotores del paro, precisamente para justificarlo; condujeron a las previsibles consecuencias advertidas en relación con el incremento de los contagios por la pandemia, estrategia con la cual se incrementaron las cifras ya elevadas por la pérdida de vidas y en los negativos impactos en la salubridad pública.
Por otra parte, el vandalismo propiciado por los sectores más extremistas donde el principal actor lo fue sin duda el senador Bolivar, en coordinación con las células urbanas del ELN; de los llamados grupos residuales de las Farc; y bandas criminales del microtráfico; destruyó abundante infraestructura pública y privada las cuales deberán ser reparadas con cargo a los impuestos y a los recursos de los empresarios afectados.
De la lectura detallada del voluminoso informe es inevitable concluir varias cosas adicionales.
La primera y más trascendente es que la valoración de los hechos tiene una morbosa inclinación a señalar que en Colombia es el Estado el sistemático promotor de la violencia y, en consecuencia, el gran violador de los Derechos Humanos.
La segunda, no menos significativa, es que sus conclusiones pretenden convertirlas en sentencias judiciales de obligatorio cumplimiento para el Estado, cuando no pasan de ser simples recomendaciones que por lo tanto no son imperativas ni obligatorias en el contexto del DIH. En este aspecto y para comprobar el contenido ideológico del informe, no es sorprendente que mientras el gobierno las rechaza por improcedentes, la alcaldesa Claudia López se apresuró a ofrecer su respaldo incondicional y a comprometer al Distrito, sin tener competencia para ello, en la tarea de seguimiento y verificación de tales recomendaciones.
La tercera que tiene directa relación con la anterior, es que si bien es cierto la Comisión hace parte del sistema interamericano para la protección de los DH, es la CORTE -CIDH- la que sí tiene funciones judiciales y por tanto emite sentencias que si obligan al Estado por el llamado bloque de constitucionalidad.
La cuarta tiene que ver con la evidente parcialidad del informe que compromete su objetividad, al señalar que, si bien es cierto la protesta pacífica es un derecho fundamental que debe ser protegido por el DIH, el Estado no puede limitarlo cuando dicha protesta desborda en asonada, vandalismo o terrorismo urbano. Tan aberrante afirmación jurídica conduce a desconocer un principio universal del derecho según el cual, el derecho de cada quien termina donde comienza el derecho del vecino; principio que a su pez conduce a otro igualmente relevante bien conocido como el abuso del derecho.
Existen muchos otros serios motivos de censura al contenido del informe. Sin embargo, la limitación de espacio no permite abordarlos por ahora. La evidente parcialidad del informe comprueba una vez más, que el Estado y la sociedad colombiana, vienen siendo sometidos a una muy fuerte y arbitraria presión de ciertos organismos internacionales, con marcado sesgo ideológico de izquierda radical que amenaza su soberanía y a sus instituciones democráticas.
