Por: Armando González Triviño
Tristemente encontramos la ratificación en los medios de comunicación de que la impunidad y la ausencia total de una administración de justicia, se hace evidente cada día, más y más, cuando se nos informa sobre la forma como el 99% de los delitos cometidos sobre hurto de bicicletas en Bogotá, quedan en la completa impunidad, y sólo aproximadamente menos del 1.0% es conocido y judicializado.
Y cuando hemos pregonado la existencia de un proceso generalizado de este fenómeno propiciado desde las políticas criminales, cuando los gobernantes de turno se empecinan en diseñar estrategias y hacer todo un proceso sensacionalista con el aumento de penas, con el cambio de nombre y de formas de querer enrostrar y titular los comportamientos delictivos, es cuando advertimos y reiteramos que todo es un proceso trunco, un falso argumento legislativo y de lucha contra el delito, por cuanto los operadores judiciales y los instrumentos diseñados para alcanzar la convivencia social, no existen o son miserablemente mínimos, con las consiguientes consecuencias de la inestabilidad y de la ausencia total de protección para el ciudadano, para el ser humano en su integridad.
Hay un total desbarajuste judicial, hay una sinfonía de procesos mediáticos que colman la atención y centran todo el aparato judicial y de la opinión pública, mientras que la realidad de la delincuencia no se detiene, mientras que ésta se arropa de las formas más sutiles y más desvergonzadas para hacernos sentir cada día, más y más, víctimas de una situación de indefensión y de inutilidad de nuestras palabras, cuando reclamamos la protección o los derechos mínimos que como principios fundamentales se han instituido en nuestra patria.
Y seguimos siendo informados entonces, de que en este tema de la pantomima que se vive de la lucha contra la pandemia, quizá en forma folclórica se advierte algo que es de todos conocidos y que ha servido de base para movilizar el proceso electoral y elegir y reelegir siempre a quienes detentan el poder: los muertos que eligen, que votan, que deciden por el país, hoy en día, son parte de ese grupo de personas que están siendo vacunados por el gobierno contra el COVID-19, al igual que se han vacunado hasta dos veces en escasos diez días, a muchos ciudadanos.
Qué está pasando, se preguntan algunos ingenuos, que podemos hacer por esta Colombia que se transformó y se hunde cada día que pasa en el marasmo de la ineptitud y de la ineficacia de sus gobernantes, en tanto que los recursos del Estado se malversan y se pretende recurrir a un sistema impositivo de impuestos lesivos a los ciudadanos, con falsos modelos económicos de subvencionar a los menos favorecidos y de devolver a unos pocos, los recursos que se hayan recuperado del IVA entre otros.
Falsos modelos con los que se distrae la realidad de la corrupción que ha sabido campear todas las estrategias y todos los rincones de nuestra institucionalidad, en tanto que los entes de control, se ocupan de generar un pánico más grande cuando anuncian toda serie de elefantes blancos, de formas de corrupción, pero no hay resultados, no hay formas de combatir estos delitos y los gestores y líderes, que son los grandes protagonistas de estos desfalcos y de estos delitos, siguen incólumes en la dirección y administración de los bienes del Estado, como si se tratara de un ejercicio de sus propios recursos y como si estos bienes hicieran parte de su patrimonio individual.
Y lo digo con un dejo de nostalgia. Aún me queda la esperanza de que un día, no muy lejano, así sea el día de los hijos de mis hijos, Colombia, pueda encontrar un camino, hacia la convivencia pacífica, hacia el respeto del otro, hacia la construcción de un modelo que rompa con los viejos y arcaicos estilos y formas de gobernar que nos han esclavizado y nos han llevado a esta locura que es peor que la de una sociedad inviable e invivible, como la Colombia que tanto quiero y tanto se autodestruye.
