Uno de los delitos más consistentes en obligar a través de violencia y amenazas a las personas de bien, es la extorsión. Los delincuentes utilizan estos procedimientos obligando a sus víctimas a tolerar u omitir un acto en contra de su voluntad, con la intención de generar provecho ilícito o beneficio económico para si o para un tercero. En nuestro departamento se están incrementando esta clase de hechos, que están afectando el bienestar de las familias de bien. Lo practican desde los diferentes centros penitenciarios del país, con la anuencia de los guardias del Inpec, que son los que dejan entrar los dispositivos. Es inaudito que con las últimas tecnologías que existen en el mundo moderno, el gobierno nacional no tome la determinación de neutralizar el espectro electromagnético alrededor de las cárceles, para evitar la salida de las llamadas. El gobierno departamental ha denunciado de manera reiterada la forma como los lideres sociales, funcionarios públicos, concejales y docentes están siendo amenazados por las organizaciones narcoterroristas que hacen presencia en territorio huilense. Durante el gobierno del cambio, se han incrementado exponencialmente estos delitos que atentan con el bienestar de las familias huilenses.

Igualmente, casi todas las actividades económicas en el departamento se sienten amenazadas por las bandas criminales que están utilizando métodos de presión para extorsionar a las personas naturales y al sector productivo, quienes son sometidas a la intimidación y a las amenazas terroristas, sino acceden a sus peticiones delincuenciales. Paralelo a lo anterior, los lideres sociales, siguen atravesando su verdadero viacrucis porque las permanentes amenazas de las organizaciones subversivas que hacen presencia en sus territorios. La falta de concordancia ante la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, sumada a la incapacidad institucional y presupuestal, no aseguran el respeto, garantía y protección de esos derechos, contra estos los líderes en el país.  Durante el año anterior, fueron asesinadas 189 lideres sociales en Colombia, de acuerdo con los registros de Indepaz. Desde la firma del Acuerdo Renegociado de Paz, ha sido exterminados 1.605. 

Pero, lo sucedido recientemente en el municipio de Algeciras, donde han sido amenazados algunos concejales de Algeciras, que les ha tocado salir del municipio, que junto con algunos personeros municipales y funcionarios públicos, están recibiendo amenazas contra sus vidas, es algo inaudito. Hemos retrocedido cinco lustros, cuando nuestro departamento y otras regiones del país, vivieron la peor violencia que atentó contra las instituciones democráticas durante ese periodo. Vale la pena recordar que gracias a los dos gobiernos presidenciales que tuvo Alvaro Uribe Vélez, el territorio colombiano, volvió a recuperar la paz y la tranquilidad de la sociedad colombiana. Es lo que no le perdonan los sectores políticos de la izquierda que están en el poder, porque contrarrestó el accionar criminal de estas organizaciones.