Los candidatos que se sometan al escrutinio popular deben ser cautelosos y muy racionales con las promesas que le proponen al constituyente primario, las cuales deben ser objetivas, cuantificables y alcanzables para darle cumplimiento a las expectativas y demandas sociales, que cada vez son más crecientes. La sociedad colombiana estaba muy optimista con la llegada de la presidencia de Gustavo Petro Urrego, porque se por fin se iban a terminar las protestas sociales, las quemas de buses, saqueos a establecimientos comerciales, muertes, secuestros, extorsiones, narcotráfico, ataques a la fuerza pública y al ejército nacional, bloqueos y taponamientos de vías, reclutamiento forzado de menores de edad y una disminución de la criminalidad en el país. Pero transcurridos 23 meses de su mandato, este ideal ha quedado solamente en la mente ilusa de los áulicos que siguen al primer mandatario de los colombianos.
No paran las protestas sociales durante el presente año, por el incumplimiento de las promesas electorales que el actual presidente de los colombianos realizó durante su campaña y que, a la fecha, han sido incumplidas. El aumento desbordado del precio de la gasolina y el mensaje del gobierno nacional de aumentar en los próximos meses el precio del galón del ACPM, bloqueos en las principales vías del país y en las ciudades, tomas de organizaciones sociales en las entidades en Bogotá y otras regiones del país, huelga en el Ministerio de Trabajo, las cuales están generando un ambiente muy difícil de convivencia y afectaciones al bienestar de las familias colombianas. Y por ende, a la dinámica productiva que genera perdida de recaudos a las finanzas públicas.
La preocupación es mayúscula porque el gobierno nacional, sigue generando cortinas de humo, evadiendo las responsabilidades para atender las crecientes demandas sociales de las organizaciones sociales que le piden a grito para que les cumplan y no les digan más mentiras. Los objetivos de las protestas sociales no pueden seguir afectando la dinámica productiva en las regiones. No debemos permitir que algunos desadaptados sociales y vándalos rompan la paz y la tranquilidad en los municipios donde se vuelvan a presentar esas protestas sociales. Ni mucho menos que se presenten enfrentamientos con la Fuerza Pública. Igualmente, no deben existir bloqueos ni taponamientos de las vías públicas, que obstaculicen la libre movilidad de las personas y el tránsito libre de bienes y servicios. Con posiciones ideológicas retrógradas y arcaicas, no van a poder doblegar a las instituciones democráticas. Y mucho menos a los colombianos, que hemos sorteado con éxito, mayores dificultades durante la vida republicana. Los que respetamos a la democracia, somos mayorías en el país. Debemos rechazar por unanimidad estos actos de facto. La institucionalidad debe prevalecer. Y ese debe ser un compromiso sagrado de los colombianos, con las sendas expresiones de inconformismo contra el terrorismo urbano y por los bloqueos.
