Por: Juanita Tovar Sandino
juanitatovarsandino@gmail.com
El asesinato de la menor Sofía Delgado, de 12 años, ha sido un golpe brutal para el país, no solo por la crueldad del crimen, sino también porque este caso revive un debate que nunca termina de resolverse en Colombia: la necesidad de endurecer las penas para los criminales que cometen actos atroces, como el asesinato de niños y adolescentes.
Las voces que piden la pena de muerte o la cadena perpetua para estos asesinos se han hecho más fuertes, y con razón. Sin embargo, detrás de este reclamo legítimo, hay una problemática aún más profunda y preocupante: la ineficacia del Estado y su sistema de justicia, que permite que criminales confesos o con procesos pendientes sigan en las calles, libres para seguir matando y violando niños.
¿Cómo es posible que el asesino confeso de Sofía Delgado estuviera en libertad? Según la fiscal General, el diabólico Brayan Campo, asesino de la niña, fue dejado en libertad porque el Inpec no pudo trasladarlo a las audiencias por un colapso en esa entidad y por eso se vencieron los términos. Este no es un caso aislado. En Colombia, los criminales deberían estar en la cárcel, pagando por sus delitos porque son un peligro para la sociedad, pero continúan en las calles, delinquiendo sin mayores restricciones. Esto pone de manifiesto un problema estructural en el sistema de justicia y seguridad del país, que no solo afecta a las víctimas directas de estos crímenes, sino que crea una sensación generalizada de inseguridad e impotencia en la sociedad.
Colombia ha sido testigo de un aumento en los casos en los que el aparato punitivo del Estado no actúa con la rapidez y contundencia necesarias. Crímenes atroces como el de Sofía Delgado no son solo una tragedia familiar, sino un recordatorio doloroso de que el Estado ha fallado en su deber más básico: proteger a sus ciudadanos. Y esta falla no es nueva. El país ha acumulado una larga historia de impunidad y lentitud judicial, donde los criminales se benefician de la inoperancia del sistema, y en este caso, quienes pagan con su vida son los niños.
En muchos casos, como el de Sofía, los procesos judiciales se estancan debido a la falta de recursos, la congestión de los despachos judiciales y la negligencia de algunas autoridades. Este es un círculo vicioso en el que la falta de acción permite que los delincuentes sigan operando con impunidad. Se supone que el Estado, a través de su sistema de justicia, debe ser el garante de la seguridad y el orden en la sociedad, pero ¿cómo puede cumplir con esta función si ni siquiera puede asegurar que quienes ya han sido capturados o procesados permanezcan tras las rejas?
Colombia se ha convertido en un país experto en dar excusas cuando se trata de explicar la ineficacia del sistema de justicia. Desde la falta de presupuesto hasta la sobrecarga laboral de jueces y fiscales, las explicaciones son variadas, pero en última instancia irrelevantes para las víctimas y sus familias. El dolor de perder a un ser querido de manera tan brutal no puede ser mitigado con excusas. Y, sin embargo, es lo único que el Estado parece ofrecer en estos casos.
Es evidente que el problema no se resuelve simplemente con endurecer las penas. La cadena perpetua o la pena de muerte pueden tener un efecto disuasorio en algunos casos, pero de poco sirve si los criminales no llegan a ser procesados y condenados en primer lugar. La verdadera cuestión aquí es la responsabilidad del Estado en garantizar que el sistema judicial funcione de manera eficiente y efectiva. No podemos seguir permitiendo que delincuentes que deberían estar en prisión continúen libres, gracias a la negligencia o la falta de recursos de nuestras instituciones.
Cuando el sistema judicial falla, la responsabilidad no recae solo en los jueces o fiscales que no actúan con la celeridad necesaria, sino en el Estado como un todo. En última instancia, es el Estado el que debe garantizar que sus instituciones funcionen correctamente, y si estas fallan, es el Estado el que debe responder. En casos como el de Sofía Delgado, el Estado ha fallado de manera evidente y grave.
Los ciudadanos colombianos no pueden seguir viviendo en un país donde los criminales andan sueltos debido a la ineficiencia de las autoridades. No es justo para las víctimas, ni para la sociedad en su conjunto. Es hora de que el Estado reaccione, asuma su responsabilidad y deje de escudarse en excusas. La justicia colombiana no puede seguir justificando su ineficacia argumentando la falta de recursos o el exceso de trabajo. Estas explicaciones, aunque ciertas en algunos casos, no pueden ser una excusa permanente para no actuar. Es deber del Estado asegurar que su aparato judicial esté equipado para hacer frente a la criminalidad de manera efectiva y oportuna. En eso es que se deberían ocupar los dirigentes, en vez de seguir pregonando politiquería baja y barata que no construye ni lleva al progreso.
La solución no es solo endurecer las penas, sino garantizar que los criminales sean procesados y condenados con la rapidez y contundencia que estos casos requieren. La justicia no puede seguir llegando tarde, y mucho menos nunca llegar. La responsabilidad es del Estado, y es hora de que lo asuma plenamente. El asesinato de Sofía Delgado no debe quedar en el olvido. Que su muerte, tan injusta y dolorosa, sirva como un recordatorio de la urgente necesidad de una reforma en nuestro sistema de justicia. Un Estado que no protege a sus niños es un Estado que ha fracasado en su misión más básica. Y ese es un fracaso que no podemos seguir tolerando.
¿Usted cree que los criminales en libertad son culpa del Estado?
