La Defensoría del Pueblo convocó en su sede nacional a expertos para abordar los desafíos y estrategias en la aplicación de la Ley de Utilidad Pública para madres cabeza de familia privadas de la libertad.
El director Nacional de Defensoría Pública, Jhonny Díaz, dijo en la instalación del foro, liderado por su dependencia, que la crisis del sistema penitenciario y carcelario afecta de forma particularmente intensa a las mujeres, ya que se ven enfrentadas a condiciones de reclusión incluso más precarias que las que padecen los hombres.
Por ello, agregó, una de las principales apuestas institucionales de la Defensoría del Pueblo bajo la actual administración es, precisamente, potenciar desde sus competencias el uso de la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública prevista en la ley en mención.
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El autor de la ley, Rodrigo Lara, señaló en su intervención los grandes hitos de la norma: es una ley penal de género que crea un derecho penal específico y rompe con el paradigma de la prisión. A lo que agregó que ya la herramienta está y se espera que, en su aplicación, se permita tener los resultados esperados, como brindar alternativas de pena a las mujeres madres cabeza de familia.
Por su parte, el representante del Ministerio de Justicia, Diego Olarte, hizo un diagnóstico de su aplicación. Afirmó que es una norma novedosa que materializa una visión de la pena alternativa, pues involucra la reparación del tejido social de las mujeres en la sociedad. Informó que, actualmente, 95 mujeres que cumplieron con lo establecido en la Ley recuperaron su libertad. De 17.000 mujeres privadas de la libertad, 5000 cumplen penas menores de ocho años y son potenciales beneficiarias.
Finalmente, la defensora pública de la regional Santander, Claudia Johana Marín, hizo énfasis en las estrategias jurídicas, a fin de que sea lograda la concesión de pena sustitutiva, señalando que es fundamental demostrar la condición de marginalidad y el rol de madre cabeza de familia como requisitos legales para poder aplicar.
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