La Procuraduría General de la Nación ha emitido una seria advertencia sobre la crítica situación de seguridad que enfrenta el departamento del Cauca, atribuyendo la creciente inestabilidad a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por varios grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Frente Yair Bermúdez.
Estos grupos, en su lucha por el control del territorio y las rentas ilegales, han sometido a la población civil a un constante estado de peligro.
Un reciente informe, elaborado por la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, reveló que en el primer semestre de 2024, se registraron 123 alteraciones del orden público en Cauca, lo que representa un promedio alarmante de cinco incidentes por semana. De estos, 51 fueron ataques dirigidos contra la población civil, 33 enfrentamientos con el ejército, 31 hostigamientos a unidades militares y policiales, y ocho combates entre los mismos grupos armados. El informe también subraya que los datos podrían estar subestimados debido a un posible subregistro.
Le puede interesar: Lista la reglamentación para garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
Entre los episodios más preocupantes, se destacan las amenazas dirigidas al 28 % de los personeros del departamento, el reclutamiento de menores para el transporte de explosivos y el uso de drones cargados con explosivos que han afectado gravemente a la población civil. Los municipios más golpeados por esta violencia son Argelia, con 19 eventos, Cajibío con 12, Santander de Quilichao con 11, y Toribío y Suárez con 10 cada uno.
El documento también denuncia la expansión de estructuras criminales como la “Dagoberto Ramos”, que ahora tiene presencia en el 31 % del departamento. Además, se reportó un incremento del 14 % en las amenazas en la región durante el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo período de 2023. Asimismo, persisten prácticas de control social como toques de queda impuestos a las comunidades y el uso obligatorio de carnés.
La Procuraduría subrayó que la crisis se ha agravado debido a la incapacidad del Gobierno Nacional para prevenir y contener eficazmente los atentados, incursiones armadas, y ataques a la población civil. Los incumplimientos del cese al fuego por parte de los grupos ilegales no fueron debidamente verificados ni advertidos, lo que ha contribuido a la escalada de violencia.
Finalmente, el Ministerio Público ha recomendado la implementación de acciones urgentes y extraordinarias para mitigar la situación de riesgo y vulnerabilidad de las comunidades. Entre las medidas sugeridas se incluyen la adquisición de tecnología avanzada para neutralizar drones utilizados por grupos ilegales, la prevención del reclutamiento de menores, la protección de líderes sociales y la exigencia a los grupos armados de garantizar el respeto a la vida y la integridad de las personas conforme a las leyes y al Derecho Internacional Humanitario.
Puede leer: Iris Marín Ortiz, elegida como primera mujer Defensora del Pueblo en Colombia
