Por: Jaime Alberto Arrubla Paucar
No hay porqué negarlo, nos encontramos en la peor crisis por la que haya atravesado el país en los últimos tiempos. Al problema de la pandemia y sus consecuencias en el empleo y la recesión económica, ahora se juntan los problemas de orden público por todo el territorio nacional, los bloqueos a las carreteras, el desabastecimiento y un repertorio de peticiones y solicitudes sobre los que, de lejos, se observa la incapacidad e imposibilidad del Estado para atenderlas y solucionarlas.
A las presiones de las marchas, el Gobierno ha respondido de diferentes maneras sin que logre aplacarlas. Tardíamente decidió retirar la reforma tributaria, cuando ya era irreversible la protesta; luego anunció la educación superior gratuita en las instituciones públicas para los estratos uno, dos y tres, que tampoco fue suficiente. Ahora notificó que a partir del 1 de julio arrancará un programa de generación de empleo para subsidiar el 25 % del salario mínimo legal mensual, que según señaló, equivale a cubrir los costos de seguridad social para que las empresas contraten jóvenes de entre 18 y 28 años, subsidio que se extenderá por un año. Tampoco con ello logra detener la revuelta.
Por su parte, el comité de paro, durante el primer encuentro para instalar la mesa de negociación, pide al Gobierno «abstenerse de adoptar cualquier medida que de tratamiento de orden público al ejercicio del derecho a la protesta social, entre ellos la declaratoria del Estado de Conmoción Interior». También solicita que sean retirados el Ejército y el Esmad del control de las protestas, así como instó a que se ordene a la Policía que no utilice armas de fuego y «otras que puedan producir heridas en las acciones de control de las protestas». También solicitaron al ejecutivo condenar «de manera explícita y contundente» los abusos de la Policía, además, de reconocer «que existe responsabilidad de la fuerza pública en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, reunión y manifestación pública». Igualmente solicitan al Ministro de Defensa, pedir disculpas «por el uso excesivo de la fuerza cometidas por el Esmad y la fuerza pública en el marco de las protestas», cuya consecuencia debe ser el retiro «del servicio los mandos de la fuerza pública comprometidos en estos abusos».
En otras palabras, le solicitan al Ejecutivo que suspenda la Constitución, que no utilice la fuerza pública, para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, afectadas por los bloqueos y que no mantenga el orden público.
Si las cosas continúan de esta manera, estamos ante un diálogo con sordos. La protesta pacífica hay que garantizarla y los abusos de la fuerza policial hay que sancionarlos, a pesar de la solidaridad que expresó equivocadamente la Procuraduría. El Gobierno y los organismos de control se deben a la Constitución y a la Ley, y su función misional es defenderla y aplicarla. Las fuerzas de seguridad deben liberar a las carreteras de bloqueos y permitir la libre locomoción de los ciudadanos y la actividad de los empresarios. Quienes las obstruyen, cometen un delito grave y no hay que negociar para la aplicación de la Ley.
