La crisis humanitaria que se vive en el Chocó fue escuchada a través de sus voceros por El Sistema Integral para la Paz, conformado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), junto con delegados de más de 20 instituciones regionales y organismos internacionales.
En el que se denominó el Foro Interétnico Solidaridad Chocó y el Comité de Víctimas del 2 de Mayo se presentaron denuncias sobre confinamiento y desplazamiento de comunidades afro e indígenas por cuenta de las disputas de control territorial que se libran entre los grupos armados presentes en la región, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, casos de violencia sexual, extorsión, afectación a la autonomía territorial de las comunidades étnicas, precaria presencia estatal y deficiencias en la implementación de lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.
A esto se suman las denuncias presentadas por ocho comunidades indígenas del Resguardo Alto Guayabal del municipio de Carmen del Darién visitado entre el 27 y 29 de septiembre por la Comisión de la Verdad junto con delegaciones del cuerpo diplomático de Irlanda, Suecia y Países Bajos.
Tras cumplirse cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, el Sistema Integral para la Paz sigue con el firme propósito de cumplir con el mandato que le fue dado a través de la justicia transicional. Cada una de las entidades que componen este sistema trabajan de manera coordinada y tienen por objetivo lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas, asegurar el esclarecimiento de lo ocurrido, se busca garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en él, buscar a los desaparecidos teniendo en cuenta a las comunidades étnico-territoriales y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición, para asegurar la transición del conflicto armado a la paz.
El clamor de las comunidades a las entidades es que, en el marco de sus competencias, puedan trabajar para tener garantías efectivas de no repetición del conflicto armado, la priorización de Bojayá y el Medio Atrato como un caso territorial en la JEP y la consolidación del universo de personas dadas por desaparecidas para su búsqueda. Solicitaron a todas las entidades presentes el respaldo al “¡Acuerdo humanitario ya! para el Chocó”, iniciativa que insta al Estado colombiano y a los grupos armados para que a través de nueve puntos se garantice el respeto a los derechos humanos de las comunidades del departamento.
