En la actualidad hay 340 personas privadas de la libertad en el Centro de Detención Transitoria, ‘Bodegas de Alpina’, que tiene una capacidad aproximada para 200 o 230 personas. Esta problemática afecta de manera directa a los custodios y a los detenidos. Ya los familiares de este último grupo poblacional, han venido denunciando esta situación, que no parece tener una pronta salida.
Esta ‘carceleta’, se encuentra ubicada en la calle 2 sur con carrera 11 de la capital opita.
Problemáticas que perjudican a detenidos
Ya en lo concerniente a la crítica situación carcelaria, Andrés Bastidas, personero de Neiva, expresó: “son varias situaciones que de manera cotidiana, vienen desmejorando e inquietando, tanto a las personas que están allí recluidas, como a sus familiares, la principal es el hacinamiento. Estos días hubo críticas por la mala alimentación, las condiciones de salubridad y los procesos judiciales que son bastante tardíos, a nivel ya de la actuación, no se logran dar en términos hábiles. Sí el sistema está colapsado, el proceso lo determina la autoridad competente en este caso un juez”.
Los familiares de los reos, han denunciado las condiciones infrahumanas, en las que vive la población carcelaria de Neiva y el Huila.
“Esta situación no solo le corresponde en este caso al municipio de Neiva, sino al Gobierno Nacional, pues es común esta problemática en los distintos sitios del país, por ende vamos a continuar desarrollando las Mesas Penitenciarias Municipales, que ha sido el instrumento a través del cual le hemos hecho seguimiento a este tipo de problemáticas”, recalcó el profesional del derecho.
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El hacinamiento, un ‘dolor de cabeza’
Al respecto, la problemática que más afecta a la población penitenciaria, es el hacinamiento.
“Sí desde luego es una situación lamentable para todas las autoridades. Me reportan un total de 340 personas detenidas en las antiguas bodegas de Alpina en este centro de atención, estamos hablando que es un espacio con una capacidad aproximada para 200 y 230. Estamos llegando a una sobreocupación cercana al 100%”.
Cabe recordar que otra situación crítica, es el contagio de tuberculosis que padecen los detenidos, incluso ya hay internos que han perdido la vida, como ocurrió en enero del presente año con Maicol Yorbin Buendía Serrano, quien se encontraba privado de la libertad, tuvo complicaciones de salud, luego de que contrajera tuberculosis. Posteriormente, el 3 de enero del año en curso, esta persona fue trasladada a la Clínica Uros, donde su estado de salud se agravó y tres días más tarde murió.
Igual ‘suerte’ vivió Oswaldo Jiménez Buriticá, un hombre de 30 años, quien se convirtió en la segunda víctima mortal que deja el Centro de Detención Transitorio, ubicado en las antiguas bodegas de Alpina. Su muerte, ocurrida en circunstancias aún bajo investigación, ha generado consternación y cuestionamientos sobre las condiciones de detención y el acceso a atención médica dentro de estas instalaciones.
Al respecto la madre del interno fallecido, Cruz Elena Buriticá, denunció que su hijo no recibió los servicios médicos necesarios de manera urgente, a pesar de presentar síntomas que apuntaban a un posible paro cardiorrespiratorio.
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De ‘castaño a oscuro’
Y hay otro hecho agrava la situación penitenciaria en la Cárcel de Neiva, ubicada en el municipio de Rivera. “Es un tema muy muy complejo, miren antes de Semana Santa de este año, se presentó una novedad y fue el daño producto también de una descarga eléctrica, causó estragos en la red de bombeo del agua que suministra el servicio a dos de los patios, donde hay cerca de 400 personas recluidas”, señaló el funcionario.
Tras conocer esta situación, entre la Personería de Neiva y la Defensoría del Pueblo, comenzaron a realizar una serie de intervenciones y producto de ellas, interpusieron una acción de tutela que fue fallada a favor de los intereses de la población penitenciaria y ordenó una serie de medidas que al día de hoy, difícilmente se han podido cumplir.
“Y ahora una descarga de energía, daño la red eléctrica de la prisión. La situación en Rivera, es cada día más álgida, y cada día hacemos acciones judiciales para mitigar esta serie de hechos”, destacó el personero de Neiva.
Detenidas claman ayuda
Asimismo, las detenidas que se encuentran en el CAI del barrio Bogotá, a través de sus familiares dieron a conocer un video, donde también denuncian la vulneración de sus derechos más elementales.
“Las mujeres indican que es injusto que deban hacer sus necesidades fisiológicas en una caneca en la misma celda donde duermen, podríamos enfermarnos y no nos dejen ingresar los elementos de aseo personal. Somos seres humanos, cometimos errores, pero no es para que nos traten como ‘basura’”, declaró una de las afectadas en un video.
Otra de las capturadas, agregó. “Estamos cansadas de enviar derechos de petición para que nos colaboren con la comida. En una oportunidad, el sifón se dañó y el agua nos llegaba a las rodillas, había olores nauseabundos y las que se encuentran en el patio, si llueve se mojan completamente”.
La situación es tan indigna que para 30 internas, solo hay dos baños y la misma cantidad de duchas.
“Necesitamos que nos ayuden, que nos dejen ver a nuestra familia, no nos permiten que veamos al médico, queremos que nos colaboren, las audiencias están retenidas, por consumir esa agua, nos ha dado alergia”, declaró una de las mujeres.
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El personero señaló
“Ellas viven la misma situación que ya hemos mencionado, se encuentran intranquilas por la infraestructura del lugar, porque no es el sitio adecuado para que un ser humano este allí, por la alimentación que ha venido haciendo una problemática recurrente en los últimos días. Expresan su inconformidad en la demora en los procesos judiciales”, agregó el profesional del derecho.
Además, existen problemas para llevar a las detenidas a las citas médicas. “Son muy pocos los custodios y el sistema de capacidad logística que tiene el Municipio y la Policía para poder trasladar a la población penitenciaria a las citas médicas”, dijo el funcionario.
Y al preguntarle al funcionario del Ministerio Público, sobre posibles soluciones, la respuesta no es para nada alentadora. “Ellas deben de venir del Gobierno Nacional necesariamente, porque son situaciones funciones y responsabilidades del Estado que no están a cargo de las autoridades locales especialmente, en este caso hablaríamos de la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Inpec y Ministerio de Justicia.
En emergencia carcelaria
Y desde el pasado 12 de febrero del año en curso, el Gobierno nacional declaró emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país en respuesta a los recientes casos de homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diferentes cárceles de Colombia.
Esta emergencia carcelaria permitirá la implementación de diversas medidas, incluyendo traslados presupuestales y contratación directa de recursos. Asimismo, se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad. Además, se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención.
“Consideramos que es el momento de actuar unidos. El enemigo son esas estructuras criminales que están heridas y es el momento para que el Gobierno y los sindicatos del Inpec actuemos conjuntamente. La semana pasada firmé un decreto que creó una ‘prima de la vida asistida’ para los trabajadores del Inpec que está en trámite para su gestión «, agregó el jefe de esta cartera.
