A cierre del 2022, la MOE registró 534 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales. El 2022 se ubica como el segundo año con más agresiones desde la firma del Acuerdo de Paz, solo detrás del 2019.
DIARIO DEL HUILA, INFORME
Luego del cierre del año electoral en el cual la ciudadanía colombiana escogió a sus congresistas y Presidente de la República, y con el inicio del calendario electoral de 2023, la Misión de Observación Electoral presentó su informe de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales.
Los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Chocó y Putumayo se constituyeron como los epicentros de la violencia generalizada y letal contra liderazgos en 2022.
El informe, con corte a 29 de noviembre de 2022, analizó la violencia política ocurrida en el país en tres periodos de tiempo:
i) Los primeros once meses del 2022. ii) Los primeros 115 días del nuevo gobierno y iii) El primer mes del calendario electoral para elecciones de autoridades locales de 2023.
Para la Misión de Observación Electoral, panorama de la violencia política ocurrida entre enero y noviembre de 2022 fue a todas luces muy preocupante dado que se observó una tendencia en ascenso. Y con 534 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales, el 2022 se ubica como el segundo con más agresiones desde la firma del Acuerdo de Paz, solo detrás del 2019 por un solo hecho violento.
Grave violencia
Para Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, la situación de violencia también resulta agravante por el accionar y presencia de presencia de los Grupos Armados Ilegales – GAI, pues “el 2022 se ha posicionado como el año con la mayor cantidad de acciones armadas y amedrentamientos de las estructuras armadas ilegales, desde que la MOE empezó su monitoreo en el 2018, con un total de 1.191. Teniendo lugar esto en 314 municipios de 27 departamentos del país”.
Departamentos afectados
Así, según el revelador informe los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Chocó y Putumayo se constituyeron como los epicentros de la violencia generalizada y letal contra liderazgos, al concentrar el 46.3% del total de agresiones y el 56% de los hechos letales registrados en el territorio nacional.
“Y en un año en el que además se eligieron a los y las representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz – CITREP, también es importante hacer énfasis en que el 34.3% de las afectaciones registradas contra liderazgos en el país -entre enero y noviembre-, ocurrieron precisamente en estos territorios y afectaron en mayor medida a los liderazgos sociales”, manifestó Vela.
Violencia en aumento
En cuanto a la violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales acontecida en los primeros 115 días del gobierno de Gustavo Petro (7 de agosto al 29 de noviembre de 2022), la MOE pudo identificar que se registraron 164 hechos de violencia. 52 de estos hechos fueron letales, es decir, correspondieron a asesinatos y atentados.
No obstante, La MOE resaltó en este punto algunas de las políticas públicas en prevención y protección de liderazgos implementadas por el nuevo gobierno dentro del marco de la política de Paz Total. Entre estas, el plan de emergencia para la protección de líderes y lideresas sociales, personas defensoras de DD. HH y firmantes de paz; y la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. No obstante, esta organización ve necesario que estas políticas sigan fortaleciéndose y haciéndose efectivas y sostenibles.
Recrudecimiento de la violencia
Finalmente, al analizar la violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el primer mes del periodo electoral 2023, que arrancó el pasado 29 de octubre de 2022 con los procesos de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos, la MOE puede señalar que, con el inicio del calendario electoral para las Elecciones Locales, ya se empieza a evidenciar un recrudecimiento de la violencia. Y es que entre el 29 de octubre del 2022 y el 29 de noviembre de 2022, se registraron un total de 41 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales. Dicho total representa un incremento de 173.3% en comparación con el mismo periodo en el 2018, en que se registraron 15.
¿Qué hacer al respecto?
En razón de esto, la MOE insiste en la Importancia de mantener un mecanismo de diálogo directo entre cada una de las organizaciones políticas, el Ministerio del interior y la UNP con el fin de adoptar las medidas y acciones necesarias tendientes a prevenir la violencia política, en cualquiera de sus expresiones.
De otra parte, la organización insiste en que es importante avanzar en Comisiones de seguimiento electoral Departamentales que permitan hacer seguimiento integral a los diferentes factores de violencia e ilegalidad que puedan afectar y distorsionar las elecciones de mandatarios locales que se llevarán a cabo en octubre del próximo año.
También la MOE señala que se debe persistir en la creación e implementación de las rutas de primeros respondientes, para que por esta vía se tenga en cuenta que alcaldes y gobernadores tienen la responsabilidad de prevenir y proteger a los líderes y lideresas.
Y asimismo recomienda al Gobierno Nacional que continúe vinculando a actores de la sociedad civil en la elaboración de las políticas de protección y prevención, y que tenga un rol preponderante en la coordinación y capacitación de los gobiernos locales para que estos fortalezcan sus políticas públicas de protección a líderes y lideresas políticas, sociales y comunales.
Oscuro panorama para 2023
En lo que respecta al inicio del presente año, la MOE señala que en enero de 2023 se registraron 35 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales (24 amenazas, 4 atentados, 6 asesinatos y 1 hecho de violencia contra la mujer en política), que representan una reducción del 16.7% respecto de los 42 registros de enero de 2019. Siendo especialmente llamativa la reducción de los asesinatos que pasaron de ser 16 a 6.
A pesar de ello, resulta preocupante que la violencia contra líderes y lideresas políticos se mantiene, con el agravante de que los hechos letales en su contra incrementaron en un 66.7% (al pasar de 3 a 5).
Sumado a ello, en el marco del cese al fuego, tuvieron lugar un total de 54 amedrentamientos y 52 acciones armadas por parte de grupos armados ilegales – GAI. En comparación con diciembre y con ánimo de identificar el impacto del cese al fuego, enero significó una reducción de 32.9% en las acciones armadas de los GAI, pero un incremento de 74.2% en los amedrentamientos. Hecho que puede evidenciar que, aunque un periodo de cese al fuego tiene un impacto en términos del número de registros de acciones armadas entre el Estado y las estructuras armadas no estatales, ello no representa un debilitamiento en el control social ejercido por las últimas.
En cifras
Entre el 29 de octubre del 2022 y el 29 de enero de 2023, la Misión de Observación Electoral – MOE registró un total de 128 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales. Dicho total representa un incremento de 93.9% en comparación con el 2019, en que se registraron 661. Adicionalmente, los hechos letales (asesinatos y atentados) se incrementaron en 7.7% al pasar de 39 a 42. Ver cuadro 1
Del total de agresiones registradas en los primeros tres meses del calendario electoral de 2023, 67 estuvieron dirigidas a liderazgos políticos, siendo estos los más afectados por la violencia y los que sufrieron el mayor incremento de esta (de 252.6%) pues en el mismo periodo del 2019 tan solo fueron objeto de 19 agresiones.
Por su parte, los líderes sociales fueron víctimas de 41 agresiones, 36.7% más que las registradas en el 2019, dentro de las cuales 18 correspondieron a hechos letales. En este caso destaca la afectación a los liderazgos étnicos del país, pues se identificaron 13 hechos de violencia en su contra: 7 amenazas, 3 atentados, 2 asesinatos y 1 desaparición. Si bien los líderes comunales fueron objeto del menor número de hechos de violencia (20, que igual equivalen a un incremento de 17.6% frente el 2019), su situación de riesgo resulta preocupante.
Esto, dado que el 60% de dichos hechos correspondieron a violencia letal, lo que evidencia que los actores generadores de violencia buscan poner un fin definitivo a estos liderazgos antes que presionarlos para que tomen decisiones en su favor. Como es costumbre en ese sector, los presidentes y vicepresidentes de Juntas de Acción Comunal – JAC fueron las víctimas de la mayoría de las agresiones (12 y 6, respectivamente), al ser quienes ostentan roles de mayor liderazgo y visibilidad dentro de estos escenarios de participación y representación.
Focalización de la violencia
En términos geográficos, las 128 agresiones tuvieron lugar en 65 municipios de 23 departamentos del país, siendo Santander, Cauca, Antioquia y Nariño los territorios más afectados al reunir el 50% del total de hechos y el 45.8% de los asesinatos (ver tabla 2).
Hechos de violencia durante el primer mes del cese al fuego
Durante el mes de enero de 2023 se registraron 35 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales (24 amenazas, 4 atentados, 6 asesinatos y 1 hecho de violencia contra la mujer en política).
Comparando con el mes anterior al inicio al fuego, diciembre de 2022, los 35 hechos de violencia representan una y una reducción del 40% ya que pasaron de 49 a 35. Profundizando en el contexto territorial, 29 de los 35 hechos de violencia (el 82.9%), 4 de los 6 asesinatos y 2 de los 4 atentados contra liderazgos políticos, sociales y comunales registrados en enero de 2023 tuvieron lugar en los 333 los municipios que registran la presencia de las 4 estructuras armadas no estatales ya mencionadas con las que se decretó el cese al fuego más el ELN.
Esto evidencia que los hechos de violencia contra liderazgos siguen concentrados en zonas con fuerte presencia de los principales grupos armados ilegales a pesar del cese al fuego. Sumado a ello, se destaca que también donde se registran estos hechos de violencia contra liderazgos son los municipios que concentran el 97.3% del total de hectáreas de cultivos de coca (198.726,58)8 y el 84.5% de las hectáreas de explotación ilícita de oro, identificadas en el país para el 2021 (54.048,16)9. Respecto al registro de accionar violento de los GAI, durante el mes de enero de 2023 se registraron un total de 54 amedrentamientos y 53 acciones armadas, en el marco del cese al fuego.
En comparación con diciembre de 2022, que fue el mes justo anterior al cese al fuego, el total de acciones armadas significó una reducción del 32.9%, sin embargo, los amedrentamientos se incrementaron en un 74.2%. Este hecho puede evidenciar que, aunque un periodo de cese al fuego tiene un impacto en términos del número de acciones armadas entre el Estado y las estructuras armadas no estatales, ello no representa un debilitamiento del control social ejercido por las últimas.
