La situación sigue siendo alarmante para los defensores, líderes y activistas de derechos humanos en el país y reflejo de ello son las 87 vidas que, a corte de junio de 2024, cobró la violencia.
Ante las preocupantes cifras, la Procuraduría ha sido reiterativa en los llamados de atención al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias de protección a los líderes sociales, que continúan denunciando abandono y negligencia por parte de las autoridades nacionales y territoriales en esta materia.
Cifras vergonzosas
En Colombia, la defensa de los derechos humanos enfrenta un desafío alarmante: en promedio, cada dos días un líder social es asesinado. Esta cifra refleja una crisis persistente y sistemática que afecta de manera particular a las regiones más vulnerables del país, donde la presencia de grupos armados ilegales y la disputa por el control territorial agravan la situación.
Desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de agosto, se han registrado 1.420 homicidios de líderes sociales, lo que evidencia la magnitud de la problemática y la necesidad urgente de implementar acciones efectivas para contrarrestar esta alarmante situación.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), la definición de líder social comprende a los defensores de derechos humanos y es más amplia en tanto reconoce como líderes o lideresas a los activistas vinculados a la defensa de derechos de la comunidad y organización en una coyuntura específica, aunque no sea su dedicación permanente. En sentido amplio todo líder social es un defensor de derechos humanos.
Esta entidad, tiene registrados 137 líderes sociales que han sido ultimados en el país.
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Políticas insuficientes
En este contexto, la Procuraduría General de la Nación se reunió con Greg Howell, Senior Deputy Assistant Administrator para América Latina y el Caribe de USAID, para discutir la situación de los derechos humanos y seguridad en el país. La reunión, tuvo como objetivo intercambiar reflexiones y fortalecer la cooperación para garantizar condiciones seguras para el ejercicio del liderazgo social en Colombia.
Durante el encuentro, se subrayaron las recomendaciones emitidas por la Procuraduría al Gobierno Nacional, enfocadas en mejorar la protección de los líderes sociales, incrementar la presencia institucional en las regiones afectadas y coordinar esfuerzos interinstitucionales para desmantelar las estructuras criminales que amenazan la vida e integridad de los defensores de derechos humanos. La cooperación con USAID se destaca como clave para impulsar estos esfuerzos y lograr una respuesta integral y efectiva ante la crisis.
La falta de avances en la implementación de medidas de seguridad ha llevado a la Corte Constitucional a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional. Este fallo reconoce que las políticas actuales no son suficientes para prevenir los riesgos ni para garantizar la seguridad de los líderes en las zonas más afectadas, como Cauca, Chocó, Norte de Santander, Arauca y Antioquia, lo que ha llevado a esta entidad a emitir instrumentos como el Índice de Prevención del Riesgo de Amenazas -IPRA y la Directiva 005 de 2024, lanzadas el pasado 09 de septiembre de 2024.
Por lo anterior, la Procuraduría continúa insistiendo en la necesidad de formular e implementar planes integrales de prevención y rutas de protección específicas, tanto individuales como colectivas, para detener la ola de violencia y proteger a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más equitativa.
El papel del Estado
En este sentido, en el comunicado publicado el 6 de diciembre de 2023, la Corte afirma que la garantía del Derecho a Defender Derechos es una obligación ineludible del Estado consistente en reaccionar oportunamente a riesgos significativos, adoptar medidas adecuadas para prevenirlos y fortalecer las posibilidades de los líderes y las colectividades para que puedan ejercer, sin miedo, el liderazgo social.
Y en el marco de la Sentencia SU-546, el Alto Tribunal dijo que este derecho debe ser entendido desde al menos cuatro dimensiones: la seguridad personal de quienes defienden los derechos humanos, el debido proceso administrativo de sus casos, su derecho a ejercer libremente los liderazgos y la garantía de una justicia efectiva para ellas y ellos.
Esta sentencia es el resultado de tutelas presentadas por 20 líderes y lideresas sociales y defensoras y defensores de derechos humanos de distintas regiones del país, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, movimientos de base comunitaria e instituciones académicas. El primer fallo se dio en el año 2019, cuando el juzgado 45 civil del circuito de Bogotá falló a favor de las peticiones de los y las accionantes y el tribunal superior de Bogotá confirmó la decisión.
Quince líderes amenazados
Y con el fin de entender esta cruel problemática, Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo Seccional-Huila, manifestó: “nosotros de manera permanente a través de nuestra delegada de protección de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, estamos activando ruta de protección para personas líderes, lideresas y entre otros funcionarios públicos, que vienen siendo extorsionados por parte de los grupos armados, y a quienes de alguna manera, han decidido ponerle frente a esto, denunciar, se activan las rutas en Gaula Ejército o Policía”.
“Tememos que existen más de 15 líderes, lideresas y personas que ejercen estas labores en varias zonas rurales, vienen siendo objeto de amenazas, primero porque están abanderando causas, visibilizan las problemáticas y segundo por ser dueños de establecimientos comerciales, cuentan con ingresos mensuales, y a quienes les han llegado mensajes de texto”, expresó la funcionaria.
Según los investigadores, estas personas son citadas a lugares apartados, donde los obligan a adquirir una serie de compromisos para cancelar las sumas exigidas.
Gran porcentaje de estos hechos victimizantes, se registran en los municipios de Algeciras, Neiva, Villavieja, Tello, Baraya, Campoalegre y Rivera.
Adicionalmente, se conoció que hay personas que temen denunciar, por estas situación existen un subregistro, se cree que por esta causa, habrían más de 30 personas amenazadas en el Departamento.
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Municipios afectados
Asimismo, la procuradora, Margarita Cabello, presentó el Índice de Prevención de Riesgos al Liderazgo Social (IPRA); una herramienta que permite anticipar situaciones de riesgo, advirtiendo posibles afectaciones al liderazgo social y facilitando la adopción de medidas necesarias por parte del Estado.
En 2024 este índice, que también incluye indicadores de percepción de los líderes sociales sobre su seguridad, se calculó en 36 municipios de las regiones del bajo Cauca, Sur de Córdoba, Montes de María y Norte del Cauca.
Ahora, durante el primer semestre de este año, se realizaron intervenciones en más de 87 sesiones de siete comités de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas (CERREM), revisando más de 3.000 casos.
Y en lo disciplinario, por primera vez, la Procuraduría formuló un pliego de cargos contra el secretario de Gobierno y el alcalde de Tierralta, Córdoba, por su presunta responsabilidad en el homicidio de la lideresa social María del Pilar Hurtado. “Este caso se ha convertido en un símbolo de la lucha por la protección de los líderes sociales en Colombia”, destacó Margarita Cabello.
