En relación a porque no sea constituido la Mesa Territorial de Garantías del Huila, desde la Defensoría del Pueblo Seccional Huila, manifestaron que ahí no se puede improvisar, tienen que contar con insumos y debe haber una convocatoria de todas las organizaciones sociales, líderes y lideresas, no de unas pocas.
Asimismo, la comunidad indígena denunció el reclutamiento de menores de edad por parte de los actores armados, principalmente en los municipios de Nátaga e Íquira.
Solicitan el instrumento
Y en relación a la instalación de este instrumento, 33 organizaciones sociales se han reunido y solicitaron su conformación, al respecto, Jefferson Pacheco, vicepresidente del comité ejecutivo de la Asociación de Institutores Huilenses (Adih), manifestó: “estamos exigiendo la instalación de la Mesa Territorial de Garantías en el departamento del Huila, porque para nosotros como líderes y lideresas en los territorios es fundamental, ya que ahí se tiene que discutir toda la política en materia de la prevención, promoción y todo lo que garantice a los líderes, que sus derechos humanos no sean vulnerados”.
El líder agregó: “lamentablemente no hemos tenido respuesta positiva de la secretaría técnica de la Mesa, que es la Defensoría del Pueblo. Desde el 11 de octubre del año en curso radicamos un oficio y no hemos recibido respuesta oficial, solamente a través de llamas telefónicas, nos señalaron que se encuentran conociendo el proceso”.
Y la entidad se comunicaría con ellos, porque van a determinar que organizaciones sociales, van a solicitar para su consecución, “desconociendo a las que estamos obviamente impulsando este propósito, porque somos nosotros los que estamos en los territorios y son nuestros liderazgos los que se vulneran”, agregó el directivo.
Además, indicó que hablan de líderes, quienes han sido amenazados, desplazados e incluso asesinados. Ahora de no llegarse a conformar este instrumento, Jefferson Pacheco, anunció movilizaciones a continuar denunciando este hecho.
‘Frentes de seguridad’
Por su parte, Tania León, presidenta de la Seccional Huila SPDH, Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos señaló: “efectivamente uno de los sectores más vulnerados es la población campesina, y también hoy las escuelas, profesores, niños y niñas, vienen siendo víctimas del conflicto armado”.
“Este fenómeno le da a la ciudadanía, una falsa sensación de seguridad, eso lleva a pensar que la mal llamada ‘limpieza social’, es la alternativa para resolver el problema. Hay que recordar que Colombia es un estado social de derecho y en ningún momento, sea aprobado la pena de muerte”, indicó la vocera.
Asimismo, la líder agregó lo siguiente: “no queremos que se cree un organismo conformado para legitimar lo que la ley necesita, y no terminan siendo funcionales a las necesidades de derechos humanos en el territorio”.
Sigue el reclutamiento
Y en relación a que permitiría tener la política de seguridad para líderes sociales, Julián Saavedra, estudiante de la Universidad Surcolombiana, indicó: “que continúen ejerciendo su labor en los territorios, permitiendo la defensa de los derechos humanos. Y todavía existen estigmatizaciones al movimiento social,”.
A su turno, Yuli Estupiñán, defensora de la vida del Consejo Regional Indígena, reveló, “queremos hacer pública la denuncia de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, que se viene presentando en nuestros territorios indígenas, de manera específica en los municipios de Nátaga e Íquira”.
En este sentido, se conoció que los territorios de ‘Llanobuco’ y Huila río Negro, “se encuentran confinados a raíz de la presencia de las disidencias de las Farc, y en los años de 2023 y 2024, se ha agudizado el reclutamiento de menores. Son cerca de 14 menores de edades entre los 9 y 14 años”.
Firmantes afectados por ‘armados’
Otra de las organizaciones que apoya la instalación de este instrumento, es Leydi Arias de la fundación ‘Herederas de Manuel’, “la preocupación nuestra es que tenemos compañeras quienes han sido amenazadas, incluso hay mujeres que las hicieron desplazar por sus liderazgos, además, hay una alta estigmatización a las organizaciones sociales que están conformadas por firmantes de paz”.
Incluso, se conoció que la representante legal de esta entidad, sería víctima de amenazas contra su integridad y en algunos territorios donde se encuentran asentados, hay presencia de grupos de disidencia.
Asimismo, los líderes sociales revelaron que los actores armados, no estarían permitiendo que los proyectos de los firmantes, avancen, ya que los consideran ‘traicioneros’ por haber tomado el camino hacia la vida civil. Por ejemplo, entre los planes estancados, hay uno para producir miel, otro de alevinos y de cría avícola.
Además, revelaron que, en los territorios, hay presencia de hombre armados, pero desconocen si son fuerzas del Estado o que tipo de grupo es.
¡Sí se va a constituir!
Por su parte, Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo-seccional Huila, se refirió a la creación de este instrumento. “La estrategia sobre la instalación de la Mesa de Garantías, no se puede improvisar, se tiene que contar con unos insumos y realizar una convocatoria amplia, de todas las organizaciones sociales, líderes y lideresas, y no solo algunas”.
Ahora indicó que se encuentran revisando los insumos que necesitan para que la misma funcione. “Para lo que allí se proponga, tenga eco en las soluciones prontas que requiera esta población, por eso de manera responsable, nos encontramos realizando los subcómites que son actos preparatorios, a la instalación de la Mesa. Tomando los plazos de ley”, indicó la funcionaria.
Además, la abogada agregó que antes de culminar este año, la Mesa Territorial de Garantías, va estar instalada y funcionando con todos los actores.
Coaccionan a la comunidad
Otro tipo de situaciones que se ven obligados a realizar los integrantes de la comunidad es a comprar botas, víveres, medicamentos y llevarlos a los sitios acordados.
“Y a la Fiscalía, le queremos decir que deseamos volver a confiar en las autoridades. No solo para las denuncias, y que por favor escuche a la población víctima las problemáticas que vive. Es muy difícil, porque no denuncian, debido a la falta de garantías y además al hacerlo, ellos se quedan en los territorios, mientras los funcionarios, no”, puntualizó la defensora de derechos humanos.
Asimismo, la líder hizo un llamado al Gobierno Nacional, y Departamental, para que tengan acciones para contrarrestar esta problemática, “no queremos estrategias de ‘papel’, y que, a los compromisos contraídos en los consejos, se les hagan el respectivo seguimiento para que se cumplan. También, hago un llamado a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría para realizar el ejercicio de veeduría a estas acciones”.
