Por: Felipe Rodríguez Espinel
Imagínese que su municipio pudiera decidir libremente si construir un nuevo hospital o mejorar las escuelas locales, sin tener que esperar el visto bueno de Bogotá. Esta es la promesa que nos han venido haciendo desde hace 30 años y que ahora, con la reforma al SGP, parece estar más cerca que nunca. Pero como toda promesa que suena demasiado buena, vale la pena mirar los detalles con lupa.
En teoría, un alcalde o gobernador tendría el doble de recursos para invertir en su región. Más escuelas, mejores hospitales, carreteras en mejor estado. Los defensores de la reforma proponen aumentar del 22% al 46% el dinero que el gobierno central envía a las regiones. Para ponerlo en perspectiva, es como si una familia que recibe $100 para gastos básicos, pasara a recibir $200, pero con el compromiso de hacerse cargo de más responsabilidades.
Sin embargo, la realidad no es tan simple. Como bien saben las familias colombianas, aumentar los gastos sin tener claro de dónde saldrá el dinero es la receta perfecta para un dolor de cabeza financiero. Esta reforma podría llevar al país a un déficit del 10% y una deuda que supere el 70% del PIB. Para el ciudadano de a pie, esto podría traducirse en más impuestos, menos inversión social y una moneda más débil.
Es como cuando los padres le dan más libertad a sus hijos adolescentes. La confianza debe ir acompañada de madurez y capacidad de gestión. Algunos municipios están listos para este paso; otros necesitarán más tiempo y apoyo.
Reciente la historia nos ha dejado lecciones dolorosas. Todos recordamos casos de hospitales regionales en crisis o escuelas sin terminar. No basta con enviar dinero; necesitamos garantizar que llegue a donde debe llegar y se use correctamente. La propuesta de una transición gradual en 10 años suena sensata, pero necesitamos reglas claras y transparentes.
¿Qué necesitamos realmente? Un modelo que funcione para todos. Uno donde el alcalde pueda decidir sobre las necesidades locales, pero con la responsabilidad de rendir cuentas claras. Donde el hospital del municipio tenga los recursos necesarios, pero también la obligación de administrarlos eficientemente. Donde las escuelas del barrio puedan mejorar sin que eso signifique quebrar las finanzas nacionales.
La reforma al SGP no es solo un debate de cifras y porcentajes; es una discusión sobre el futuro de nuestras comunidades. ¿Queremos más autonomía regional? Sí, pero no a cualquier precio. Necesitamos un camino que nos lleve a la descentralización sin poner en riesgo la estabilidad económica del país. Un camino donde el progreso de las regiones no signifique el empobrecimiento de la nación.
No se trata solo de cuánto dinero se transferirá, sino de cómo aseguraremos que cada peso se invierta en mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. La autonomía regional es necesaria, pero debe construirse sobre bases sólidas, no sobre promesas que podrían dejarnos con una resaca fiscal que pagaremos todos.
