Gloria Camargo
El ejercicio de la abogacía conlleva una serie de responsabilidades y obligaciones éticas, y los abogados están sujetos a un marco normativo que establece los deberes, faltas y sanciones que se les aplicarán en caso de incumplimiento. El Código Disciplinario del Abogado, establecido por la Ley 1123 de 2007, regula esta materia y busca garantizar el correcto ejercicio de la profesión.
En caso de cometer faltas, los abogados se enfrentan a diferentes tipos de sanciones. La primera de ellas es la censura, que implica una reprobación pública del infractor. Otra sanción es la imposición de multas, que pueden variar desde un salario mínimo hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad de la falta. La suspensión es otra posible sanción, que implica la prohibición temporal de ejercer la profesión. Por último, en casos graves, se puede llegar a la exclusión, que implica la cancelación definitiva de la tarjeta profesional.
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Existen cinco tipos de faltas que los abogados deben evitar en el ejercicio de su profesión. En primer lugar, están las faltas contra la dignidad de la profesión, como impedir el desarrollo de un proceso judicial, llevar a cabo actuaciones judiciales en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas. También se sancionan las faltas que implican provocar o participar en riñas o escándalos públicos relacionados con la profesión, actuar de mala fe, utilizar intermediarios para obtener poderes, entregar parte de los honorarios a personas que han recomendado al abogado, patrocinar la práctica ilegal de la abogacía y aprovecharse de situaciones de calamidad para obtener clientes.
La segunda falta se refiere al decoro profesional, y se sanciona el uso de la publicidad excesiva más allá de la mención del nombre, títulos, especialidades y cargos desempeñados por el abogado. La tercera falta es contra el respeto, y se sancionan las injurias o acusaciones infundadas contra servidores públicos, abogados y otras personas involucradas en asuntos profesionales.
Además, se sancionan las faltas contra la realización de la justicia, como promover la presentación de múltiples acciones de tutela sobre los mismos hechos y derechos, recurrir a amenazas o adulaciones hacia funcionarios judiciales, traficar influencias, ofrecer sobornos, pagos ilegales o atenciones injustificadas, entre otros actos.
Es importante destacar que tanto el cliente como el abogado deben cumplir con lo acordado en el mandato o contrato de prestación de servicios jurídicos. Cualquier falta u omisión puede tener consecuencias jurídicas y económicas para ambas partes. Por lo tanto, es fundamental que todas las acciones se realicen de acuerdo con las normas vigentes y se cumplan sin excepciones.
