El reciente paro de transportadores ha dejado al descubierto la fragilidad de nuestra economía y la urgente necesidad de repensar nuestras políticas de transporte y energía. Durante cuatro días, el país se vio paralizado, generando pérdidas millonarias en diversos sectores y poniendo en jaque la recuperación económica que tanto necesitamos.
Los números son alarmantes. Pérdidas diarias de 240,000 millones de pesos en el comercio, 300 millones de dólares en el comercio exterior, y afectaciones que van desde el agro hasta el turismo. Pero más allá de las cifras, lo que realmente debe preocuparnos es la vulnerabilidad sistémica que este paro ha revelado.
El sector agropecuario, pilar fundamental de nuestra economía, fue quizás el más golpeado. La imposibilidad de transportar insumos, alimentos y productos perecederos no solo generó pérdidas inmediatas, sino que también amenaza con impactar los precios al consumidor en las próximas semanas. Este efecto dominó podría revertir los avances en la lucha contra la inflación, que, había mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses.
El comercio exterior, otro motor de nuestra economía, también sufrió un duro golpe. La reputación de Colombia como proveedor confiable está en juego, y recuperar la confianza de nuestros socios comerciales no será tarea fácil.
Pero quizás lo más preocupante es el impacto a largo plazo que este paro podría tener en la política monetaria. El Banco de la República, que venía considerando una reducción en las tasas de interés para estimular la economía, ahora podría verse forzado a postergar esta decisión ante el temor de un repunte inflacionario. Esto significaría un freno adicional para una economía que ya mostraba signos de desaceleración.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿Cómo llegamos a este punto? La respuesta es compleja, pero parte de ella radica en nuestra dependencia del transporte terrestre y de los combustibles fósiles. Nuestro país debe diversificar su matriz energética y de transporte. La transición hacia energías limpias no solo es una necesidad ambiental, sino también económica.
El diálogo entre el gobierno y los diferentes sectores económicos también debe fortalecerse. La falta de acuerdos reales en temas cruciales como el precio de los combustibles no puede seguir siendo el detonante de crisis que afectan a toda la nación.
El paro de transportadores ha sido una costosa lección. Ha evidenciado nuestras debilidades estructurales y la urgencia de implementar cambios profundos en nuestra política económica y energética. El verdadero costo del paro no se mide solo en pesos perdidos durante esos cuatro días, sino en las oportunidades de crecimiento y desarrollo que podríamos perder si no actuamos con decisión.
Es momento de dar un paso adelante hacia una economía más adaptable solida frente a este tipo situaciones, sostenible y menos dependiente de factores volátiles. Solo así podremos garantizar un futuro próspero para todos los colombianos.
