Diario del Huila

Datáfonos criminales

Abr 2, 2024

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Por: Juanita Tovar
De saco y corbata y con buena pinta, así se ven los criminales que roban millonarias sumas de dinero con datáfonos en centros comerciales del país. Esta modalidad de robo resulta imperceptible porque, a diferencia de muchas otras, no se aplica violencia a la víctima.

Este fin de semana se hizo viral el video de un robo en un centro comercial de Chía, en Cundinamarca; según el relato de la víctima, los hechos ocurrieron en la plazoleta de comidas. La persona que llevó a cabo el robo fue un hombre perfectamente vestido con traje a la moda, quien se quitó el saco y así pudo pasar desapercibido para sacar la billetera del bolso de la pobre mujer y realizar transacciones por más de siete millones de pesos.

Ella se da cuenta del robo de sus tarjetas de crédito y débito porque le empiezan a llegar a su celular las notificaciones de millonarios movimientos en su cuenta. Lo curioso del asunto es que luego de avisar a las autoridades y —lo más importante— denunciar, la Policía capturó a 4 personas que hacían transferencias a través de datafonos Bold a sus cuentas. Estos criminales tenían en su poder 36 tarjetas, siete datáfonos y varias cédulas de ciudadanía; además les incautaron 9 datáfonos con los que delinquían bajo esta modalidad. Esas cuatro personas fueron capturadas, y en medio de la investigación se dieron cuenta que hacían parte de una organización criminal dedicada a esta modalidad de robo.

Nuestra sociedad se encuentra en un momento único en el que los avances tecnológicos marcan la pauta de las relaciones sociales, hemos visto cómo en la última década migramos casi toda nuestra funcionalidad al celular y a los computadores, las videotiendas se acabaron y pasaron a las plataformas de streaming, las agencias de viajes pasaron a aplicaciones móviles, el arriendo de inmuebles y la prestación del servicio de transporte pasó a ser manejada desde la comodidad de nuestros teléfonos. Así mismo, la habituales diligencias bancarias se pasaron a las plataformas transaccionales, en donde con un solo clic podemos transferir sumas de dinero y pagar nuestras obligaciones, sin embargo, de manera análoga la delincuencia ha trascendido y ha logrado evolucionar a estos canales digitales.

Hoy en nuestra cotidianidad los delitos informáticos pasaron a ser un asunto de todos los días y son cada vez más sofisticadas las formas de defraudar a terceros. En nuestro país vemos con preocupación el creciente asedio por diferentes modalidades delincuenciales como son el phishing, que es la práctica mediante la que los delincuentes envían correos electrónicos fraudulentos o mensajes de texto que parecen ser de instituciones legítimas, como bancos o empresas, para engañar a las personas y obtener información confidencial, como contraseñas o información financiera. Así mismo son cada vez más los casos de fraude en línea, modalidad mediante la cual los vendedores digitales no entregan los productos después de recibir el pago, o donde los compradores realizan pagos falsos, defraudando a los diversos tarjetahabientes.

Por otro lado, nuestras autoridades han encontrado una gran incidencia de situaciones en las que se presenta la suplantación de identidad (Identity Theft): casos en que los delincuentes roban información personal de las personas (como números de identificación, números de seguridad social o información financiera) para cometer fraudes o robar identidades, sin embargo, los hurtos mediante datáfonos en modalidad de venta presente son un tipo de delito informático que ha aumentado vertiginosamente en Colombia y en otros lugares donde se utiliza ampliamente la tecnología de pagos electrónicos.

Este tipo de delito implica el uso fraudulento de datáfonos o terminales de punto de venta (POS) para capturar información de tarjetas de crédito o débito durante transacciones legítimas; en estos casos, los delincuentes se sirven de la manipulación de datáfonos o mediante la instalación de dispositivos adicionales para capturar la información de las tarjetas cuando se realizan transacciones. Estos dispositivos pueden ser colocados en la ranura de la tarjeta o conectados de manera fraudulenta directamente al datáfono.

Este tipo de delitos pueden tener un impacto significativo en las personas y las empresas afectadas, pues pueden resultar en pérdidas financieras importantes y en la exposición de información confidencial. Para prevenir este tipo de delitos es importante que los establecimientos comerciales y los usuarios finales estén atentos a cualquier señal de manipulación o actividad sospechosa en los datáfonos, y que tomen medidas para proteger la seguridad de las transacciones electrónicas utilizando sistemas de encriptación seguros y monitoreando regularmente los estados de cuenta para detectar transacciones no autorizadas.

Sin embargo, también existe una responsabilidad inherente a las entidades o comercios dedicados a comercializar datáfonos, pues aunque en nuestro contexto existen regulaciones estrictas en materia de conocimiento y vinculación de las contrapartes, no hay explicación de cómo establecimientos nocturnos donde se comercializan drogas o en donde se fomenta la prostitución, tengan estos tipos de dispositivos o, en este caso, hablo de los datáfonos para recaudar dinero de terceros, situación que claramente es una desviación de los estándares y buenas prácticas que deben existir en la industria de pagos.

Es por esto que, al revisar el caso que se hizo viral el fin de semana pasado, no hay justificación para que una persona tenga en su poder varios datáfonos, cuando claramente no hay un legítimo ejercicio de recaudo, sino una abierta modalidad criminal y desvergonzada, por ello urge que las autoridades, desde la Fiscalía hasta la Superintendencia Financiera de Colombia, presenten detallada atención, pero que no se quede en anuncios de prensa, ante estas nuevas circunstancias en las que a las víctimas les vacían las cuentas mediante transacciones efectuadas por datáfonos debidamente integrados a los sistemas de pagos de las diferentes franquicias y a través de los canales de procesamiento legalmente establecidos en Colombia.

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