Por: Ernesto Cardoso Camacho
Definitivamente los acontecimientos ocurridos en los últimos días siguen marcando el ritmo frenético de la dinámica social y política en que se mueve la sociedad colombiana.
La acción militar desarrollada en el Guaviare cuyo objetivo principal era la disidencia de alias “Gentil Duarte”, culminó con 10 o 12 víctimas sin que se conozca oficialmente que el cabecilla haya sido dado de baja. El escándalo de la oposición multiplicado por los medios no se hizo esperar al conocerse que hubo una menor de 16 años entre las víctimas.
La polémica revive la situación ocurrida en el Caquetá hace dos años. Quienes dicen defender a ultranza los Derechos Humanos se rasgan las vestiduras acusando al gobierno y fuerzas militares, de haber sido indolentes y despiadados al haber realizado el operativo conociendo de antemano que habría menores de edad en el campamento.
Por su parte el Ministro de Defensa pretendiendo en forma imprudente justificar el hecho, califica la indebida e ilegal utilización de los menores por los insurgentes como “máquinas de guerra”, expresión desproporcionada e innecesariamente provocativa que estimula la polémica, en la cual, sin duda alguna, el desgaste es del gobierno.
Es un hecho cierto que la perversa estrategia de los narcoterroristas de reclutar menores y utilizarlos como combatientes, está expresamente tipificada como violación al DIH; pero la reacción del ministro y del gobierno ha sido desafortunada; lo que permite pensar que no hay unidad de criterio estratégico para enfrentar ante la opinión ciudadana estas eventualidades que, además, tenderán a repetirse dado que lo que pretenden tales grupos es bloquear la acción militar legítima manteniendo a los menores como escudos humanos, y de contera, estimulando la acción política de los activistas y organizaciones de DH para desgastar al gobierno.
Otro acontecimiento destacado está relacionado con la celebración del Día Internacional de la Mujer, el cual fue tristemente empañado por activistas políticos que propugnan por el aborto libre y despenalizado; por los derechos de las organizaciones LGTB; por quienes estigmatizan a quienes profesamos la fe Católica, ejerciendo actos de estúpida anarquía al pretender quemar las puertas de los templos y llenando sus paredes de grafitis insultantes.
Las imágenes profusamente divulgadas en los medios y redes sociales, demuestran el alto grado de descomposición de los valores éticos y morales a que han llegado amplios sectores de feministas que confunden la protesta pacífica y la lucha por sus legítimos derechos, con la patanería ridícula y la auto agresión a su propia dignidad humana.
Por último, cabe mencionar brevemente la propuesta de algunos congresistas para unificar los períodos de presidente, gobernadores, alcaldes, asambleas y concejos, en el propósito de armonizar en el tiempo sus respectivos planes de gobierno y en general el Plan Nacional de Desarrollo que establece la Constitución como instrumento de planificación de la inversión pública.
Y como ya es costumbre en el accionar de nuestra desprestigiada clase política, tal propuesta sería muy útil para mejorar la calidad y eficiencia de la función pública; si no fuera por el evidente mico y despropósito con que la han formulado, al adicionarla con la prórroga de tales períodos con la cual sus directos beneficiarios serían ellos mismos y el presidente Duque.
Por fortuna al momento de escribir la presente columna se ha conocido la posición del presidente en el sentido de no estar de acuerdo con dicha propuesta. No obstante, habrá que ver si los congresistas interesados persisten en ella, lo que no sería extraño dada su bien conocida lisonja hacia el ejecutivo tras de la cual esconden sus intenciones de acrecentar sus prebendas y privilegios.
