EL RINCÓN DE DIANA
Diana Montes
Con la llegada del nuevo gobierno nacional, hubo un cambio en el método de contratación pública. Se introdujo el concepto de las “alianzas público – populares”, según el cual el Estado podría contratar para la ejecución de sus recursos y fines a organizaciones de base popular, tales como juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia, etc. Esto se hace porque la contratación estatal tradicional, donde se buscan grandes empresas para que ejecuten los recursos públicos, ha generado igualmente grandes casos de corrupción que han producido enorme indignación nacional. Por lo tanto, se asume que organizaciones de base popular, cuyos intereses directos estén íntimamente ligados con la ejecución de los recursos públicos destinados a determinado fin, no harán grandes desfalcos al erario y buscarán una ejecución eficiente de los mismos. Un ejemplo sería la construcción de las vías terciarias: se las quiere dejar a cargo de las Juntas de Acción Comunal de las veredas que se verían beneficiadas por ellas.
Aunque el esquema recién presentado suena muy interesante, ha habido un problema fundamental en el cambio del modelo de contratación: la falta de planificación en la transición de un modelo a otro. La consecuencia de esto ha sido un retraso en la contratación pública. A pesar de las buenas intenciones de aumentar la transparencia y eficiencia en la ejecución de los recursos públicos, ahora la ejecución presupuestal se ha ralentizado, llevando al gobierno nacional a una sin salida: no está demostrando con resultados concretos las buenas intenciones que los llevó a ganar las elecciones presidenciales.
Este esquema se aplicó a la contratación de los Centros de Desarrollo Infantil del ICBF. La consecuencia: muchos CDI estuvieron cerrados, afectando a miles de niños y niñas, además de las familias del talento humano, que perdieron su fuente de ingresos. Si el objetivo es atacar la corrupción, los niños no merecen ser las víctimas del proceso.
