Con ocasión del trámite de un proyecto de ley contra la corrupción, se introdujo en la Cámara de Representantes un artículo con vocación de primate, por decir lo menos, que pretende modificar el Código Penal, concretamente en los delitos de injuria y calumnia, variando el tipo penal, cuando el afectado es un funcionario público o su familia. Se quiere endurecer la pena para que no sea excarcelable y evitar que cese la acción penal por rectificación, como sucede hoy cuando se comete el delito contra cualquier persona. Por supuesto, que esto implica amordazar el derecho a la información, pues se corre un riesgo enorme en caso de estar regular, mal o equivocadamente informado.
Varios comentarios nos merece la referida iniciativa. En primer lugar, no vemos por qué razón o motivo haya que diferenciar el tratamiento de los delitos de injuria y calumnia, según la presunta víctima sea un funcionario público o un particular. El proyecto privilegia los funcionarios públicos sobre los particulares y no hay razón para ello; por el contrario, el servidor público por manejar intereses y patrimonio de la comunidad, está más expuesto al escrutinio de los medios de comunicación y es precisamente el rol que le corresponde jugar a cada uno de ellos, en bien de la sociedad. A propósito, dijo en su tiempo un expresidente de U.S.A: “Al que no le gustan los puños mejor que no se suba al ring”.
Los medios de comunicación cumplen la encomiable labor de crítica permanente a la función pública; por supuesto, que deben hacerlo con todo rigor como ordena la Constitución, so pena de incurrir en responsabilidad, tanto penal por injuria o calumnia, como civil por los perjuicios que puedan causar. Pero de allí, a darles un tratamiento más riguroso, por referirse a un funcionario público, no deja de ser una mordaza contra la libertad de prensa y una discriminación contraria a la misma Constitución. Por ello un Presidente de la República afirmó en su momento que prefería una prensa exagerada a una prensa amordazada.
Es lamentable la irresponsabilidad con que a través de este tipo de iniciativas se desarticula el sistema jurídico colombiano, que pierde su coherencia y sentido de unidad; lo peor es que se está convirtiendo en el pan de cada día. El Congreso no debería introducir reformas a los códigos, sin oír previamente a una comisión de expertos académicos que ofrezca su concepto favorable como sucede en muchos países con las Comisiones de Codificación. Al parecer, ante la lluvia de protestas, le tocó a la Cámara recular en este caso; bajando el nivel del daño al sistema que pretendía introducir, dejando una norma redundante y ordenando al juez cancelar la personería jurídica cuando se trata de una organización social. Mala cosa; la única adición al Código Penal, debería ser la de penalizar cuando se pretenda modificar los Códigos sin necesidad.
