Por: Amadeo González Triviño
No nos cansaremos de afirmar que el problema de tierras en Colombia es un problema que no se podrá resolver de la noche a la mañana y que no podrá ser tratado de la forma como se ha venido haciendo por parte de nuestras autoridades colombianas, ni con reformas agrarias o con políticas que tienen que ver con distribución de la tierra a unos y a otros, para que estas terminen siendo siempre concentrada en pocas manos.
La historia de las reformas agrarias en Colombia nunca ha dado sus frutos esperados. Grandes sectores de campesinos o de parceleros que se han movilizado y han reclamado en su momento la adjudicación de tierras o la concesión de créditos, han sido reubicados en sectores ajenos a su terruño, donde muchos han podido construir un nuevo entorno social y humano, pero en su gran mayoría, han emigrado para enrolarse en los cordones de miseria de sus propios pueblos.
Las secuelas de esta dura realidad la vivimos en nuestro propio territorio, y que podríamos decir de las experiencias que se han vivido en otras regiones, cuando con el paso del tiempo, las tierras han terminado en pocas manos y los proyectos productivos nunca han salido adelante como consecuencia de las malas políticas financieras de la banca agraria o de las entidades que han terminado por generar en grandes regiones desigualdades o que por el contrario, han generado una confianza excesiva en los mismos campesinos o parceleros para apropiarse de recursos que nunca han buscado la forma de aplicar a su actividad productiva, generando un caos social que es de impredecible consecuencias.
Es muy sintomático encontrar que algunas movilizaciones campesinas o paros agrarios como se les ha denominado a lo largo de los años en nuestra Colombia del Sagrado Corazón, ha estado enmarcado en la forma como los procesos de cobro por la banca oficial y privada ha expropiado por la vía del remate, bienes de muchos campesinos o ciudadanos de bien, que recurrieron a créditos para invertir en sus predios o que, bajo dicha premisa, así lo hicieron y terminaron sin poder pagar los créditos. Dichos paros en algunas ocasiones han alcanzado para unos pocos, alivios que nunca dejan de ser cargas sociales impagadas y que traen secuelas que afectan el crédito y la seriedad de la actividad agrícola colombiana.
No olvidemos que hace poco, en un gobierno de ingrata recordación, se crearon programas para fortalecer al sector campesino y dichos recursos en grandes sumas de dinero, fueron destinados a actividades diferentes y con oscuros propósitos políticos, según direccionamiento que desde la presidencia de la república, se le diera en tal sentido, y no importó la condena contra su gestor, por cuanto, nunca se conoció la real situación de condena contra todos los que resultaron involucrados en dicho proceso de afectación al patrimonio nacional.
Las adjudicación de tierras en Colombia, no deja de ser un proceso a su vez, que deja mucho que desear, cuando solamente se establece un periodo de gracia para que la transferencia del derecho de dominio quede reducida a unos años, pero nunca se condiciones expresamente a la efectividad de la actividad productiva para la cual ha sido entregada y diseñada, amén de que a su vez, tales adjudicaciones se hacen sobre proyectos y no sobre la realidad agrícola o pecuaria como debería ser, por cuanto, las inversiones y el oscuro panorama de la corrupción que aflora en todos estos procesos, nunca se descubre como debería hacerse.
Las experiencias sociales, humanas y económicas, deben redireccionar las políticas agrarias en Colombia y no ser una bandera populista y demagógica como se ha utilizado hasta la presente.
