La Comisión Primera de la Cámara de Representantes volverá a debatir el proyecto de ley que busca implementar el “voto obligatorio” en Colombia, esto con el fin de que se disminuya la abstención en las urnas de cara a las próximas elecciones en 2022. En caso de ser aprobado se modificaría el artículo 258 de la Constitución Política en el que se establece que cada ciudadano puede asistir a las urnas de manera autónoma.
El Representante Jorge Enrique Benedetti, quien está detrás de esta iniciativa, aseguró que, en caso de ser aprobada esta ley, se podría aplicar por un periodo de 12 años y así asegurar que no habrá más baches electorales por las personas que no participaron de las elecciones. Del mismo modo, se busca que se protejan los recursos públicos que maneja cada candidato y combatir la corrupción.
“Buscamos lograr la reglamentación legal del deber de votar, como un deber obligatorio durante un periodo de 12 años. Con esto, queremos combatir la abstención electoral, proteger los recursos públicos destinados a las elecciones y buscar mayor gobernabilidad”, confirmó el Representante Jorge Enrique Benedetti a El Nuevo Siglo.
Adicionalmente, el Representante a la Cámara aseguró que este proyecto de ley cuenta con el respaldo de todos los sectores políticos, por lo que no es posible que se hunda nuevamente. Por el contrario, se podrá establecer que la ley empiece a regir a partir de las siguientes elecciones de marzo y mayo de 2022.
“Con la ayuda de distintos académicos, sectores sociales y otros congresistas logramos nutrirlo y hacerle algunas modificaciones. Justificamos por qué la ley sí puede reglamentar la obligatoriedad del deber de votar, y ya no será la Registraduría quien reglamente este acto legislativo, sino el Consejo Nacional Electoral”, comentó Benedetti a El Nuevo Siglo.
Adicional, el Congreso de la República también tendrá que estudiar si se aprueba tumbar la Ley de Garantías. Esta modificación se realizará a través del proyecto de ley que se discute en el Congreso para aprobar el Presupuesto General de la Nación para el 2022. El Ministerio de Hacienda incluyó en el texto varios artículos que a la opinión pública no le han generado mucha confianza ya que aseguran son la apertura a un movimiento de corrupción en plena temporada electoral.
El contenido principal del proyecto de ley es la modificación del artículo 38 de la ley 996 de 2005 que habla de la Ley de Garantías, el cual ordena a gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, no celebrar durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, contratos o convenios con recursos públicos.
Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en entrevista con la emisora La W, la razón de buscar tumbar la Ley de Garantías con miras a las elecciones de 2022, es que los contratos estatales son una herramienta para seguir avanzando en la reactivación económica tras la pandemia del covid-19. El funcionario agregó que lo que se busca también, es activar recursos públicos para ejecutar proyectos relacionados con temas como infraestructura, vivienda, obras sociales, agua y saneamiento básico entre otros.
Aunque la decisión no cayó muy bien en todos los ámbitos políticos, el mismo Presidente Duque habló desde Estados Unidos de la polémica modificación y aseguró que respalda al Congreso y que sí firmaría la Ley ya que el país se encuentra en diferentes condiciones, “si ya no existe la figura de reelección presidencial, se debería acabar con esa normativa”, confirmó el mandatario.
