Todos los colombianos somos conscientes de la profunda crisis social, económica y ambiental que está presentando las familias que residen en la Guajira y que obligó al gobierno nacional para expedir el Decreto 1085 del 2 de julio de 2023, por medio del cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en este departamento por un término de 30 días para conjurar la crisis humanitaria que se estructuró, fundamentalmente en la falta de acceso a servicios básicos vitales, materializada en causas múltiples, tales como la escasez de agua potable para el consumo humano, la crisis alimentaria por dificultades para el acceso físico y económico a los alimentos, a los efectos del cambio climático acentuado por el ambiente cálido desértico y árido que predominan en el territorio y que viene afectando profundamente las fuentes de agua y la crisis energética y la falta de infraestructura eléctrica idónea y adecuada en especial en la zona rural, a pesar que esta región cuenta con el más alto potencial para la generación de energía.
Los anteriores problemas esbozados en el mencionado Decreto que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional el lunes anterior, constituían una sana y loable intencionalidad del gobierno nacional para atender transitoriamente a las familias que residen en esta región del norte del país. Es tan profunda la pobreza que viven no solamente este territorio objeto del Decreto presidencial, sino que casi todas las regiones que se encuentran en las zonas costeras de los océanos Atlántico y Pacífico, las cuales se encuentran en situaciones precarias y similares a las esbozadas. No podemos hablar de situaciones apocalípticas por los altos niveles de pobreza que viven estas regiones, sino que el Estado Colombiano, debe reorientar los instrumentos de la política económica del país, para que su accionar sea coherente, para encauzarlo en el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida.
Lo ideal sería que se tomarán decisiones para todas las regiones de Colombia. Cada vez las familias colombianas, están presentando un acelerado proceso de pauperización por las medidas alcabaleras que se han profundizado desde que el presidente Gustavo Petro asumió la presidencia de la República. Estar incrementando mensualmente los precios del galón de la gasolina, la reforma tributaria y las que se tienen previsto presentar al legislativo y la forma de flexibilizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo para seguir endeudando y comprometiendo la estabilidad de las finanzas públicas nacionales en el futuro, se convierten en detonantes que contribuyen a seguir deteriorando el mínimo vital de los sectores poblacionales más vulnerables del país.
Igualmente, con la caída de la emergencia económica, se caen todas las normas expedidas con base a este Decreto. Inclusive la iniciativa planetaria de cobrar una tasa contributiva en los recibos de la energía a todas residencias del país, también se cae a buena hora.
