La abogada Beatriz Quintero, representante legal de Salvatore Mancuso, ha denunciado la existencia de un plan para atentar contra la vida del antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien está próximo a recuperar su libertad.
Según Quintero, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estarían implicados en este supuesto complot.
Durante una entrevista en el informativo de la televisión pública RTVC Noticias, Quintero expresó: «Se tienen rumores, nos lo han dicho y nos lo han hecho saber —evidentemente no puedo revelar las fuentes— que en el Inpec están esperando que un grupo de sicarios se instale en las afueras del instituto penitenciario para hacer un atentado contra él en el momento en que sea dejado en libertad”.
Quintero afirmó que este plan es una de las razones por las que Inpec ha intentado impedir la liberación de Mancuso esta semana. «Hasta que ese grupo de personas que pretenden atentar contra de su vida no esté dispuesto, asentado y listo para llevar a cabo ese plan, no se dará la libertad. Tenemos conocimiento de esto y por eso se hace esta grave denuncia.»
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La abogada recordó que Mancuso tiene un compromiso con las víctimas de las AUC y actúa como gestor de paz, buscando que los actuales grupos ilegales, surgidos de esa organización, abandonen las armas. “Evidentemente la función del señor Salvatore Mancuso Gómez es la de cumplir con esa designación implícita dentro de esta gestoría de paz y es ayudar a otros grupos armados para que se desmovilicen para que se desarmen para que lleguen a la legalidad, para que lo hagan en mejores condiciones quizás que las que tuvo las extintas Autodefensas Unidas de Colombia que él lideró (…) principalmente su objetivo es ayudar a recomponer este tejido social y a que estas personas que están alzadas en armas retornen a la vida civil”, agregó.
Quintero también indicó que Mancuso está obligado a mantener su residencia en Medellín, como condición para su liberación. «Sería imposible y tendríamos que acudir a las acciones legales que sean necesarias porque es evidente la violación al derecho a la libertad. Estarían en juego las 36 horas que tiene el Inpec para no incurrir en ilegalidades a la detención, cosa que ya está haciendo. Tendríamos que solicitar ayudas internacionales, al mismo señor presidente que tomen cartas en el asunto», concluyó.
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