La Defensoría del Pueblo presentó su Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 030 de 2023, que revela un marcado aumento en el número de acciones violentas que afectan a las comunidades a solo 12 días de las elecciones de autoridades territoriales programadas para el 29 de octubre.
En agosto, cuando se emitió la Alerta Temprana 030, se indicó que 113 municipios estaban en riesgo extremo y 286 en riesgo alto. Dos meses después, el riesgo en estos lugares se ha mantenido, y se han registrado más eventos violentos en estas regiones.
La Alerta Temprana documentó 173 conductas violentas entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023. Sin embargo, en el período del 1 de agosto al 30 de septiembre, se reportaron 204 acciones violentas, particularmente dirigidas contra candidatos a alcaldías y concejos, así como líderes sociales o comunitarios.
Carlos Camargo Assis, el Defensor del Pueblo, destacó que el aumento en las acciones violentas es alarmante a medida que se acercan las elecciones. Los grupos armados ilegales que cometen la mayoría de las vulneraciones incluyen disidencias de las FARC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y el ELN, además de bandas criminales. En la mayoría de los casos, el autor de los hechos es desconocido.
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El informe también hace seguimiento a diez de las 48 recomendaciones emitidas en la Alerta Temprana 030. Entre los departamentos con el mayor número de conductas vulneratorias registradas en municipios en riesgo extremo entre agosto y septiembre se encuentran Norte de Santander, Arauca, Nariño y Bolívar. La respuesta estatal a estas recomendaciones ha sido limitada y carece de claridad en las acciones de protección y prevención.
La Defensoría del Pueblo ha reiterado el llamado para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decrete medidas cautelares para proteger los derechos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, personeros y candidatos amenazados o en alto riesgo debido a la actividad de grupos armados ilegales.
En la sesión de la Comisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Comprrat), la Defensoría del Pueblo subrayó la importancia de que la Procuraduría General de la Nación lleve a cabo acciones preventivas y disciplinarias para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas y los informes de seguimiento, imponiendo sanciones en caso de incumplimiento.
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