La solicitud ante la CIDH busca garantizar los derechos fundamentales en un contexto de amenazas y vulneraciones a lo largo del país.
Ante la preocupante situación de violencia y amenazas que afecta a servidores públicos y candidatos en Colombia, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha presentado una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se tomen medidas cautelares destinadas a proteger la vida, la integridad personal y los derechos políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales programadas para octubre de este año.
La petición se fundamenta en el contexto actual que atraviesa el país, marcado por la vulneración sistemática de los derechos humanos no solo de los servidores públicos, sino también de comunidades en diferentes regiones de Colombia. El Defensor del Pueblo ha enfatizado la urgencia de estas medidas cautelares, considerándolas como extremas, urgentes y prioritarias debido a la inminente amenaza que enfrentan quienes desempeñan un papel crucial en la contienda democrática.
Puede leer: Campamentos de disidencias de las Farc fueron intervenidos en el Cauca
En una reunión con Joel Hernández García, ex Comisionado y Relator para Colombia, Carlos Camargo Assis subrayó el papel clave del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo para Colombia y la región. En este sentido, reiteró la importancia de que la CIDH respalde el SAT mediante la concesión de medidas cautelares para aquellas personas identificadas como en riesgo extremo por el propio Sistema en el actual contexto electoral.
Actualmente, 26 alcaldes se ven obligados a despachar desde fuera de sus municipios debido a amenazas a su vida. Estos alcaldes representan a localidades como Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).
Además de los alcaldes, también están bajo amenaza tres gobernadores, un personero, cuatro concejales, un diputado y 42 candidatos a cargos públicos. Estas personas han sido intimidadas y víctimas de atentados en el legítimo ejercicio de sus campañas en diferentes departamentos del país, incluyendo Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.
La Defensoría del Pueblo ha identificado 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, lo que indica un alto riesgo de vulneración de los derechos humanos en estas áreas.
Grupos armados ilegales como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia (disidentes de las Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) operan en 392 municipios de 24 departamentos. Las AGC tienen la mayor presencia, seguidas por el Estado Mayor Central, el ELN y la Segunda Marquetalia.
Le puede interesar: Procuraduría formuló cargos a exinterventor de Saludcoop por pagos indebidos
