La Defensoría del Pueblo acaba de emitir la Alerta Temprana para la ciudad de Neiva y los municipios de Tello, Baraya y Colombia, en el nororiente del departamento del Huila, debido a los riesgos que corren sus habitantes, tanto en cascos urbanos como en zonas rurales, a causa de la presencia e injerencia de facciones disidentes de las Farc, cuyo cabecilla principal es alias ‘Calarcá‘, así como de grupos de delincuencia común.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
El preocupante incremento de homicidios y delitos en el departamento del Huila ha generado un clima de consternación entre sus habitantes, quienes ven cómo la violencia se expande y afecta sus vidas cotidianas. La Defensoría del Pueblo, en un esfuerzo por prevenir una mayor escalada del conflicto, emitió la Alerta Temprana (AT) 022 de 2024, que se enfoca en la ciudad de Neiva y en los municipios de Tello, Baraya y Colombia. Esta alerta, sin embargo, no es solo un llamado de atención, sino una medida urgente para hacer frente a una realidad que amenaza con salirse de control debido a la creciente presencia de las disidencias de las Farc en la región.
“Las comunidades, mayoritariamente campesinas y mestizas, pueden ver vulnerados sus derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad, entre otros. Lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, firmantes de paz, servidores públicos y menores de edad y jóvenes (estos últimos, susceptibles de reclutamiento forzado) podrían ser, es advertido en la AT, el principal blanco de las disidencias y las organizaciones delincuenciales”, se lee en el comunicado de la Defensoría del Pueblo.
La intensificación del control territorial
Los frentes Iván Díaz y Darío Gutiérrez, bajo el mando del bloque Jorge Suárez Briceño y liderados por alias Calarcá, han consolidado su presencia en estas áreas del Huila. Este avance territorial no solo representa una ocupación física, sino que se ha traducido en un aumento de las actividades delictivas, como las extorsiones dirigidas contra la población local. Las extorsiones se han convertido en un medio para financiar sus operaciones, sumiendo a las comunidades en un estado constante de miedo e inseguridad.
“Sustentada en el escenario de riesgo existente en los territorios identificados, la Defensoría insta a las entidades gubernamentales nacionales y locales a impulsar acciones urgentes de prevención, disuasión y atención, con la finalidad de que eviten la materialización de las conductas vulneradoras de derechos”.
Este control territorial también plantea serios desafíos para la seguridad de la región. La Defensoría del Pueblo ha advertido que, de no tomarse medidas contundentes, la influencia de estos grupos podría extenderse a la zona urbana de Neiva, lo que complicaría aún más la situación. La posibilidad de que las disidencias recurran a bandas delincuenciales locales para tercerizar sus actividades criminales podría desatar una ola de violencia en la capital del Huila, exacerbando la crisis de seguridad.
Medidas recomendadas y el corredor estratégico
La Defensoría del Pueblo, consciente de la gravedad de la situación, ha emitido 22 recomendaciones dirigidas tanto a las autoridades nacionales como locales. Estas recomendaciones no solo buscan garantizar el acceso a la justicia para las comunidades afectadas, sino también proponer la implementación de medidas preventivas y de protección que puedan contrarrestar las acciones de estos grupos armados. La protección de la población civil debe ser una prioridad, especialmente en un contexto donde los derechos humanos están en riesgo constante.
El área afectada, un corredor estratégico que conecta al Huila con departamentos clave como Tolima, Cundinamarca, Meta, Caquetá y Bogotá a través del páramo de Sumapaz, se ha convertido en un punto crítico para el movimiento de materiales bélicos y para el fortalecimiento de economías ilícitas. Este corredor no solo facilita la movilidad de los grupos armados, sino que también representa un peligro para la estabilidad regional y nacional, dado su potencial para convertirse en un núcleo de actividades delictivas y de confrontación armada.
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Acciones urgentes de las autoridades
Es necesario, por consiguiente, que las fuerzas de seguridad del Estado aumenten su presencia a través de la prestación del servicio de vigilancia en las áreas descritas en la Alerta Temprana, para ampliar el control en los corredores donde son realizadas actividades ilegales, como la extorsión, el tráfico de armas, municiones y explosivos, además de otras.
Son 22 recomendaciones consignadas en la AT con las que la entidad de derechos humanos exhorta al aparato estatal a desplegar las acciones de respuesta rápida que apunten a evitar la materialización de lo advertido por la Defensoría del Pueblo, a partir del trabajo elaborado en terreno por los funcionarios de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT).
Algunos de los entes conminados son los ministerios del Interior y de Defensa, la Gobernación del Huila, las alcaldías de Neiva, Tello, Baraya y Colombia, el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.
La situación en el Huila refleja un panorama de inseguridad y violencia que requiere una respuesta integral y urgente por parte del Estado. La protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la justicia y la implementación de medidas preventivas son esenciales para garantizar la seguridad de las comunidades afectadas. La Defensoría del Pueblo, a través de sus alertas y recomendaciones, continúa desempeñando un papel crucial en la defensa de los derechos de las personas, pero es imprescindible que sus llamados sean atendidos y que las acciones recomendadas se traduzcan en políticas efectivas para frenar la ola de violencia que azota a estos departamentos. Solo así se podrá devolver la tranquilidad a las regiones afectadas y proteger la vida y dignidad de sus habitantes.
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