El desorden urbanístico que presentan la mayoría de los municipios del país está generando altos niveles de vulnerabilidad para que se presenten las grandes y dramáticas escenas de desastres que están impactando negativamente el bienestar de las familias colombianas y daños en la infraestructura productiva en las áreas de influencia de sus residencias. Son impactantes las imágenes que nos brindan los medios de comunicación de las inundaciones, remociones en masa, que han arrasado con todo a su paso, ocasionando fallecimientos, lesionados, daños materiales, entre otros, generando con ello, la peor emergencia que haya tenido Colombia durante las últimas décadas, en solo dos semanas de intensas precipitaciones. Desafortunamente las administraciones municipales, no han asumido el reto y el papel que les corresponde, para construir sus planes de ordenamiento territorial. Desde el 2012, cuando se terminó la vigencia de los POT de primera generación, han sido incapaces e ineptos para buscar consensos que les permita tener este instrumento de planificación territorial.
Los POT constituyen para los entes territoriales, un proceso que les permite orientar el desarrollo del territorio y regular su utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico, en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. Con ello se busca inducir nuevos escenarios de desarrollo, uso y ocupación de éste, para que se ajusten a una margen objetiva, que es fijada previamente con el consenso de sus habitantes. Lo que está ocurriendo en algunas regiones del país, así lo reflejan. A lo largo y ancho del territorio colombiano, son reiterativas las escenas de destrucción que están incidiendo para que se presenten dichas calamidades públicas, con la complacencia de las autoridades municipales. Construcciones en zonas de alto riesgo de deslizamientos, a orillas de quebradas y ríos, sin respetar las márgenes, botaderos de basuras en lugares públicos, incendios forestales, vías sin tener los estudios técnicos y de geotecnia, y sobre todo la deforestación masiva en las zonas de ladera, entre otros, han empezado a pasar factura a las familias residentes en dichas zonas.
Por tal motivo, urge que los alcaldes que no han cumplido con la normatividad vigente se comprometan a terminar este instrumento de planificación territorial, para evitar que sucedan eventos futuros que afecten el bienestar de las familias. Por tal motivo, el gobierno Nacional mediante Decreto No. 1372 de 2024, declaró la existencia de una situación de desastre en todo el territorio nacional, por el término de 12 meses, para lo cual se apropiaron 1,7 billones de pesos para la atención de la emergencia. Se esperan que no se vuelvan a hurtar los dineros que van a ser manejados directamente por la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, de ingratos recuerdos por los casos de corrupción ocurridos recientemente y que están investigando los organismos de control.
