Los resultados de un estudio del Centro Internacional para Agricultura Tropical (CIAT) confirman esa fuerte tendencia hacia la pérdida de más bosques después de la negociación de paz durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
El conflicto armado desde 1964 complicó los planes de conservación y, aunque investigaciones previas han indicado una correlación entre los períodos de paz y el aumento de la deforestación, «no se conocen bien las dinámicas y los impactos» de este proceso.
En 2016 el gobierno del entonces presidente Santos y las FARC concluyeron un acuerdo para dar fin a medio siglo de conflicto armado en el país. «El impacto y las causas principales varían significativamente dependiendo del área del municipio, y de las regiones», señala el artículo.
«Por ejemplo, el ganado fue el indicador principal en la Amazonía, en tanto que los cultivos de coca fueron más dominantes en los Andes», agrega. «Lo que sí podemos concluir es que no hay una solución perfecta que pueda generalizarse para todo Colombia», subrayó Augusto Castro Núñez, quien lideró el estudio del CIAT.
La preservación de los bosques tropicales de Colombia «es crucial tanto para el clima como para la riqueza de biodiversidad del país», señala la publicación. El equipo investigador combinó conjuntos de datos regionales entre 2001 y 2018 procedentes de 708 de los 1.122 municipios colombianos en tierra firme, que representan el 98 % del total de áreas de deforestación en el país.
Después caracterizaron a los municipios en un modelo de las relaciones entre siete categorías: la deforestación, los acontecimientos del conflicto, la población desplazada, el tamaño de los municipios, los cultivos de coca, el número de cabezas de ganado y los establecimientos ganaderos. «Notablemente, seis de las siete categorías exhiben incrementos sustanciales en la deforestación en los años siguientes a los acuerdos de paz», indica el artículo.
«Tenemos una idea general de las dinámicas en juego y necesitamos, ahora, desglosarlas y confirmar que esto realmente ocurre, con encuestas entre los agricultores, para entender los motivos locales. Después necesitamos proporcionar a los agricultores y a la población afectada las políticas e incentivos que tomen en cuenta tanto su sustento como la conservación», añade.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional identificó cinco zonas de los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá como las de mayor deforestación en el país, por lo que fueron priorizadas por para su intervención a través de la campaña artemisa de la fuerza pública durante el primer trimestre del año.
Se trata de la Marginal Selva Yaguará en Caquetá; Mapiripán, en el Meta; la Serranía del Chiribiquete y Calamar, en Guaviare; así como Yarí Sur y Ciudad Yarí en Caquetá. La priorización se realizó durante la instalación del primer puesto de mando unificado ambiental, en el cual participan el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación, el Ideam, Parques Nacionales Naturales, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Durante el PMU también se identificaron las 13 zonas del país más afectadas por la deforestación, debido a la ganadería ilegal o la siembra de cultivos ilícitos por parte de grupos armados ilegales.
El PMU, según explicó la viceministra de Defensa, Sandra Álzate, permitirá que estas entidades monitoreen de manera permanente la afectación a los Parques Nacionales Naturales y las zonas protegidas en el país. Asimismo, permitirá que las autoridades que hacen parte del PMU coordinen de manera eficaz las operaciones e intervenciones que se requieren para prevenir y frenar la deforestación.
Igualmente, el Ministerio de Defensa informó que en la última semana se han entregado a las autoridades 5 de las 17 personas que aparecen en el cartel de los más buscados por deforestación.
