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Deforestación en la Amazonía se disparó por narcotráfico y minería ilegal

Dic 3, 2024

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La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, expresó su preocupación frente al incremento del 223,52% en la deforestación de la región amazónica en comparación con el mismo periodo de 2023, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Cabello Blanco señaló que la deforestación, que ha superado consistentemente las 100.000 hectáreas anuales desde 2001 (excepto en 2023), está siendo exacerbada por actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y la construcción de vías clandestinas. Estas actividades son impulsadas por la presencia de grupos armados ilegales, lo que dificulta significativamente el control estatal.

La ganadería en áreas protegidas es otro factor crítico

 La funcionaria detalló que cerca de 1.200.000 cabezas de ganado han invadido parques nacionales como el Chiribiquete y la Reserva Nukak, mientras que en municipios cercanos a 28 parques naturales se registra un aumento continuo en el número de bovinos.

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Además, se han identificado 27.000 kilómetros de vías ilegales construidas dentro de parques nacionales, 742 de los cuales se sumaron entre 2021 y 2022. Estas vías fomentan la tala masiva, el acaparamiento de tierras y la expansión de cultivos ilícitos, que han crecido en 3.680 hectáreas en departamentos como Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare.

Acciones legales y medidas solicitadas

Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, confirmó que se han interpuesto acciones legales en busca de medidas cautelares dentro de la tutela que reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos, así como en una acción popular en trámite ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Estas acciones pretenden frenar los dos motores principales de deforestación: las vías ilegales y la expansión de la ganadería en áreas protegidas.

Finalmente, Cabello Blanco advirtió sobre posibles implicaciones negativas del proyecto de ley de jurisdicción agraria y rural, que podría priorizar las necesidades agropecuarias sobre la conservación ambiental. «En un país donde más del 80% del territorio rural tiene vocación de conservación, debemos garantizar que los principios ambientales prevalezcan», enfatizó.

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