A 30 años la Constitución Política de Colombia, recuerdo el día en que emocionados vimos a Horacio Serpa Uribe, a Antonio Navarro Wolf y nada menos que a Álvaro Gómez Hurtado, estrechar y levantar sus manos, en señal de victoria, antes no podían ni verse las caras.
Representaron al liberalismo, gobernante con Serpa, al conservatismo radical con Gómez y al Movimiento 19 de abril, por su acrónimo M-19, con Navarro, uno de sus fundadores.
El “Eme” era la reinsertada organización guerrillera, creada en el año 70, luego de denunciar irregularidades en la elección de Misael Pastrana Borrero, del Frente Nacional.
Con la nueva constitución se evitó el derramamiento de más sangre de los colombianos, que aún disputaban por ideales y trapos rojos y azules, y no como ahora que no pocos lo hacen por intereses personales.
A nuestra norma de normas, le falta aplicación y conocimiento de sus propios ciudadanos, por cuya razón los funcionarios la quebrantan y la interpretan a su acomodo y sus intereses económicos.
La constitución del 91 es un testimonio escrito de un acuerdo de paz con unas 8 organizaciones guerrilleras, con el cual procuraban acabar las desigualdades sociales y la violencia que ya tenía como combustible al narcotráfico.
En estos 30 años, los gobiernos la han utilizado para enderezar aspiraciones políticas y particulares, como consecuencia aumentó la pobreza y la violencia y se acabaron los principios morales y éticos.
El constituyente del 91 aspiró a fortalecer la unidad de los colombianos y a asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la desigualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, pero todo ha quedado como letra muerta y sin aplicación real, hoy más muertos que antes y ahora matan por cualquier cosa.
El preámbulo pregona los valores y las aspiraciones escritas que casi nadie cumple, inclusive, ni el mismo Estado, porque siempre hay que obligarlo a través de acciones judiciales.
A la Constitución del 91 le han modificado más de 100 artículos, en casi 60 enmiendas en estos 30 años, algunas necesarias por la dinámica social y otras nocivas como el régimen de transferencias encaminado a restringir la autonomía en el gasto de las entidades territoriales por la vía de un control cada vez mayor, a las cuales se les cuelgan más obligaciones y le mandan menos plata.
Hay reformas muy necesarias, como las que implementan el acuerdo de paz con las Farc, en materia de legalidad.
No es un secreto que todo lo malo o peor comenzó con la reelección presidencial, prohibida en 1.991, sobre todo por la manera personalizada y espuria como se ejecutó, para favorecer al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, que la modificó ejerciendo sus funciones, lesionando el equilibrio de poderes, tan necesario en una democracia sana.
Otra reforma significativa fue la extradición de colombianos a otros países, que ahora necesita la presencia de la comunidad internacional porque aquí no hay confianza en nadie.
La Constitución de 1886 en 105 años de vigencia solo fue reformada 67 veces y a la del 1991, le triplicaron sus reformas en solo 30 años, aquí hay reformas constitucionales para cada caso particular, como la seguridad personal y la de sus familias, de cinco o seis ex vice y ex presidentes vivos que le cuesta miles de millones al erario, como si la Ley no tuviera que ser general y abstracta, sin buscar constituir de manera seria un Estado fortalecido.
Por estas y otras que no enumero, por razones de espacio, estoy de acuerdo con quienes aseguran que debería dejarse quieta la Constitución y examinar lo que no ha servido y mejorar lo que no está funcionando, no molesten más nuestra Constitución.
