Se inicia el último período legislativo del Congreso y el último año del gobierno del presidente Duque. El delicado contexto económico, social y político en el que habrán de transcurrir las relaciones entre los dos órganos del poder público, permite presumir que las mayorías estarán acompañando al presidente como ya se vio en las elecciones de las mesas directivas, haciéndose evidente que la mermelada sigue siendo el mecanismo clientelista que estimula dicha relación.
Es evidente que existen intereses comunes. Por una parte; los congresistas desean en su gran mayoría la reelección al tiempo que los partidos y movimientos que los avalan buscan mantener sus cuotas de poder; mientras que, por otra parte; el presidente tiene el deber de garantizar la continuidad del CD en el gobierno. Lo que nadie puede discutir con razón, es que el desgaste común que han venido acumulando, los colocan en serias dificultades para alcanzar tales objetivos.
En contraste, por las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia que estimularon las movilizaciones ciudadanas, especialmente promovidas por los estudiantes, profesionales sin oportunidades laborales, sindicatos estatales, centrales obreras, las organizaciones indígenas y sectores políticos en abierta oposición; los partidos alternativos han encontrado un espacio importante para acrecentar su capital político y electoral dirigido a obtener un significativo aumento de sus curules en el Congreso y disputar la presidencia en mayo/22.
En estas circunstancias la dinámica política y electoral avanza hacia una fuerte polarización entre izquierda y derecha, espectros ideológicos que aglutinarán a las mayorías actuales del Congreso frente a quienes promueven el Pacto Histórico liderado por Petro, quedando sin mayor chance la llamada centro izquierda liderada por los Verdes que además acusan una intensa división.
El contexto descrito permite regresar al propósito del comentario. Para buscar superar el desprestigio del Congreso, de los congresistas y del mismo gobierno; se anuncian proyectos de ley y de actos legislativos dirigidos específicamente a disminuir el número de curules; a reducir o congelar el salario; a eliminar las unidades de apoyo legislativo; a una nueva reforma tributaria disfrazada de equidad social; propuestas que en esencia en nada contribuyen a superar los problemas estructurales que agobian a la población colombiana.
No hay iniciativas de reforma a fondo del sistema judicial; del sistema político y electoral; del sistema bancario y financiero; del régimen laboral y pensional; de la lucha frontal contra la corrupción; del combate eficaz al narcotráfico y la criminalidad organizada. En fin, son iniciativas demagógicas con las cuales pretenden mantener los privilegios que la clase política ha acumulado durante los últimos 30 años.
De esta manera, mientras avanza el último año de los respectivos períodos institucionales, la falta de credibilidad y confianza del ciudadano se incrementa en este sistema político y electoral. Seguiremos viendo la feria de los avales; las alianzas estratégicas del clientelismo; el intercambio de favores entre las tres ramas del poder público; la impunidad; el crecimiento de la criminalidad y la inseguridad en pueblos y ciudades. No se trata entonces de ser pesimistas o profetas de desastres. Nuestros políticos tradicionales y muchos de los alternativos lo que persiguen es el poder no para servir si no para servirse del mismo, a costa de la ingenuidad y falta de memoria del pueblo colombiano.
