Presuntas irregularidades en un proceso de selección abreviada, por 22 mil millones de pesos, para la contratación de una plataforma tecnológica que integre los trámites de las altas cortes y los despachos judiciales del país, para la que fue contratada la empresa Indra Colombia, y por lo cual la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común radicó quejas ante los entes de control y ante la Dirección Administrativa de la Rama Judicial.
Advierten que las controversias del pasado de su casa matriz española, enumeradas por la Veeduría, no los inhabilita en Colombia.
La empresa Indra Colombia rechazó la denuncia realizada por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común y al respecto Indra respondió que «no ha sido acusada ni está relacionada con el denominado Caso Lezo. De hecho, desde 2018 no existe ningún caso con esa denominación después de que la Audiencia Nacional acordase unificar en una única pieza las dos investigaciones abiertas que se instruían en el marco de los casos Púnica y Lezo. La pieza única fue denominada Caso Púnica. En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa ‘Púnica’, ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones contra Indra en dicho caso».
La posición oficial de la entidad expresa que “en el marco del reciente proceso de licitación liderado por el Consejo Superior de la Judicatura para implementar la plataforma para el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial -SIUGJ- de la Rama Judicial de la República de Colombia, Indra, en su calidad de oferente, fue objeto de falsas acusaciones por parte de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, las cuales se constituyen en una afectación para la Compañía porque ponen en tela de juicio sus principios éticos y su capacidad técnica, ampliamente demostradas en sus más 25 años de trayectoria en Colombia en pro del desarrollo tecnológico del país”.
Frente a esa acusación la Compañía aclaró que “debido a la falsedad de las acusaciones realizadas por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común y sus voceros, Indra anuncia que su equipo jurídico radicará un recurso legal ante las autoridades pertinentes para investigar el origen de dichas acciones. La Compañía confía en que las jurisdicciones competentes permitan esclarecer las motivaciones que impulsaron a buscar esta afectación y generar dudas sobre sus capacidades éticas, técnicas y de talento.
“Frente al detalle de las denuncias en el marco del proceso licitatorio, relacionadas con la supuesta presentación de una propuesta con dos Números de Identificación Tributaria (NIT), la Empresa aclara que esto es falso. La oferta de la Compañía fue realizada única y exclusivamente por Indra Colombia S.A.S., identificada con NIT 830.013.774-1”.
Con relación a la experiencia presentada, “la Compañía acreditó sus más de 25 años de trayectoria en Colombia, tiempo en el que ha participado en múltiples proyectos que le brindan el bagaje y conocimiento necesarios para cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos.
“Adicionalmente y a manera de anexo, en su calidad de multinacional, agregó información sobre los más de 100 proyectos de modernización de sistemas de justicia que ha liderado su casa matriz en otros mercados, con el objetivo de reafirmar dichas capacidades.
“Debido a que esta documentación era de carácter informativo en la oferta, no se afectó el cumplimiento del requisito habilitante de experiencia de Indra Colombia S.A.S.”
Con respecto a las denuncias de la Veeduría sobre vínculos de la Organización con investigaciones y sanciones judiciales en España, detallan en su comunicado aclaratorio características de los casos mencionados.
“Indra no ha sido acusada ni está relacionada con el denominado Caso Lezo. De hecho, desde 2018 no existe ningún proceso con esa denominación después de que la Audiencia Nacional acordara unificar en una única pieza las dos investigaciones abiertas que se instruían en el marco de los asuntos Púnica y Lezo. La pieza única fue denominada Caso Púnica. En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye dicha causa, ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones contra la Compañía en dicho proceso.
“Indra no hace parte de un ‘cartel de la contratación’. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia -CNMC- de España, es una entidad de carácter administrativo, que ha impuesto una sanción a Indra España y que no compromete en ningún aspecto corporativo a Indra Colombia S.A.S. En relación con este punto, la Empresa ha expresado su completo apego y respeto a las decisiones de la Administración Pública, pero entiende que esta decisión no se ajusta al Derecho.
“Por este motivo, ha recurrido judicialmente esta sanción ante la Audiencia Nacional y ha solicitado la concesión de una medida cautelar sobre los efectos de la misma. El procedimiento se encuentra pendiente de sentencia que será recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.
Así mismo, la Compañía aclara que no tiene ningún tipo de inhabilidades para contratar con el sector público en España.
Finalmente, y “con el fin de garantizar la máxima transparencia en el proceso de licitación, Indra solicitó al CSJ que las pruebas técnicas fueran grabadas y publicadas. Esta información está disponible en la plataforma pública del SECOP II”.
