La Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común ha radicado quejas ante entes de control y ante la Dirección Administrativa de la Rama Judicial por lo que consideran presuntas irregularidades en un proceso de selección abreviada, por 22 mil millones de pesos, para la contratación de una plataforma tecnológica que integre los trámites de las altas cortes y los despachos judiciales del país.
El veedor Henry Anaya ha hecho un llamado público por la participación del proponente Indra por cuenta de polémicas que ha tenido su casa matriz en España, que a continuación enumera.
«Nos preocupa enormemente la presencia de la empresa INDRA SAS. No solo no aportó experiencia acreditada en el tema sino que se relaciona con la empresa Indra Soluciones Tecnológicas de la Información SLU, con NIT diferente», advierte.
«La casa matriz española ha estado envuelta en innumerables escándalos públicos, como la Operación Lezo en España en época electoral. También ha sido sancionada en firme por pertenecer a un cartel de contratación de concursos públicos y multada con más de 850 mil euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España», agregó.
A parte de otros cuestionamientos de carácter técnico, a la Veeduría le preocupa que el proceso se financie con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la transformación digital de la justicia, aunque formalmente en el proceso no aparezca alusión alguna al BID, y que quede en manos de un proponente con ruido internacional.
