Cuando la Corte Constitucional de Colombia, en una significativa decisión mayoritaria, adopta una política novedosa respecto de la eutanasia tanto para enfermos terminales, como para aquellos que no se encuentran en dicha situación y que reclaman y demandan el apoyo para alcanzar una muerte digna en medio de su dolor y de su angustia, los medios de comunicación y los sectores más radicales de la religiosidad, de la política, de la educación se vienen lanza en ristre contra la decisión y abogan por desconocer o no aceptar dicha decisión jurisprudencial de rango constitucional.
Este avance en políticas sociales y de dignidad y reconocimiento del derecho a morir, contrasta con la política oficial en la cual, lo que siempre se nos ha enseñado es a vivir en la violencia, a desconocer los procesos de paz y todo cuanto busque la reconciliación entre los colombianos, cuando hemos reconocido que la muerte violenta es parte de ese legado de nuestros antepasados hace más de doscientos años, que los líderes sociales y comunitarios son asesinados sin fórmula de juicio y por qué no decir, que los mal llamados falsos positivos, fueron parte de una estrategia gubernamental que sigue en la impunidad, por cuanto no es válido que se condene a los intermediarios de dicho proceso, cuando los gestores y quienes crearon dicha estrategia siguen en las lides políticas y generan el direccionamiento bélico de esta nación.
Pero ahora nos rasgamos las vestiduras con la decisión de la Corte Constitucional, en un país que se precia de pregonar como política oficial, el derecho a la vida, cuando el derecho a la muerte digna es precisamente equiparable a aquella, cuando las condiciones a las que se nos quiere relegar con un sistema de salud precario o mejor, nugatorio de todos los derechos, no sirve más que para el enriquecimiento de unos pocos y como un distractor de un sofisma que el que la Constitución Política nos engaña a partir de un Estado Social de Derecho, de derechos que nunca han existido y que son simple letra muerta.
Es hora entonces de pensar y de racionalizar que el dolor y la angustia de soportar una vida de miseria, de dolor, de hambre, como la que vive una proporción del cuarenta y cinco por ciento de los colombianos, es altamente preocupante con esta decisión de la Corte de una muerte digna, que sería propia si tuviéramos un estatus de vida igual o equiparable a aquellos países europeos que han conocido y valorado el principio de la felicidad y que procuran siempre el bienestar de sus ciudadanos, por sobre todas las cosas.
Pero COLOMBIA, es un país que vive feliz, que vive entre la corrupción y la infamia, pero es feliz, y que por ello, sufrir y soportar la inequidad, la impunidad, el delito y el crimen que se surten desde las altas esferas del poder público, son más que suficientes para entender y comprender que de algo ha de servirnos el hecho de que se nos reconozca el derecho a morir con dignidad, frente a la violencia que se nos vino encima y no sabemos cuándo ha de llegar, pero que se nos aplica silenciosamente.
Parece que la Corte Constitucional con esta decisión de avanzada, quisiera recomponer su rumbo, luego de los entuertos que nos ha metido con el desquiciamiento de la democracia, cuando dejó sin curul a una representante de la oposición y cuando ha guardado silencia sobre temas fundamentales que cada día nos destruyen más y más, en esta dictadura que estamos soportando y viviendo en la actualidad.
