DIARIO DEL HUILA, ESPECIAL
Por: Rolando Monje Gómez
Cada 8 de marzo, desde el año 1975, se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda la lucha femenina por la igualdad de derechos, pero esta lucha por hacer valer sus derechos viene desde varios siglos atrás, hoy en día las mujeres cuentan con los mismo derechos que los hombres pero con una deuda social aún no saldada.
De hecho, la idea de instituir un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando las obreras se lanzaron a las calles para reivindicar sus derechos. Desde entonces, esta jornada es un momento de reflexión sobre los avances logrados y, a la vez, una rememoración de todas aquellas mujeres que lucharon por esos derechos.
En el ámbito internacional se han proferido una serie de instrumentos para la defensa y reconocimiento de las mujeres, estos sirven de guía a los Estados para incluir en su legislación nacional estos avances y promover la garantía y reivindicación de los derechos. Históricamente cada normatividad refleja el contexto cultural y los obstáculos que las mujeres han tenido que ir derrumbando para gozar en igual de condiciones con los hombres en sociedad más equitativas.
En Colombia a lo largo de los años son muchas las leyes que se han promulgado para avalar los derechos de las mujeres, aunque muchas de ellas no han pasado de ahí, hay que reconocer que otras han traído múltiples beneficios. Tal vez la mayor lucha ha sido atacar la violencia en todas sus formas de la violencia contra las mujeres.
Toda la legislación nacional, como la de muchos países del mundo, tiene como base en la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en 1789, siendo este uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los hombres.
El derecho al voto ha sido uno de los más importantes logros de las mujeres. En Colombia fue aprobado en 1954 y en 1957 se estrenaron en las urnas.
El comienzo
En Colombia las cosas empiezan a cambiar algo en 1921 cuando se autorizó a los hombres mayores de 18 años y a las mujeres casadas, aunque no estuvieran separadas, para recibir sus sueldos y salarios, directamente y administrar libremente sus ingresos, sin intervención de representantes legales.
Ya en el año 1928, el Congreso de la República aprobó una ley donde permite que los depósitos hechos por mujeres casadas en las cajas de ahorros podían ser tomados como bienes propios de las mismas depositantes.
Esta ley fue complementada posteriormente cuando en 1932 se le concede a la mujer casada los mismos derechos patrimoniales que al hombre y celebrar contratos sin autorización del marido y administrar sus propios bienes.
En 1933 el presidente de la República y el Ministerio de Educación autorizó el bachillerato para las mujeres y les abrió las puertas de las universidades
Tres años después el Congreso incorporó varias reformas a la Constitución de 1886, eliminando las restricciones al derecho de sufragio para los hombres mayores de 21 años que no supieran leer y escribir y aunque la mujer aún no era considerada ciudadana, para efectos del sufragio, se le concedió el derecho de ocupar la mayoría de los cargos públicos.
El derecho al voto de la mujer en Colombia fue aprobado el 25 de agosto de 1954 a través del acto legislativo No. 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, lo que se consolidó como un gran triunfo para el género femenino, aunque ese momento no fue escenario de elecciones.
Voto popular
En el plebiscito del primero de diciembre de 1957 que proponía una reforma constitucional de catorce artículos para la paz en Colombia, por vía institucional, se depositaron un total de 4.397.090 votos correspondientes a 1.835.255 mujeres y a 2.561.835 hombres. Fue la primera ocasión en que las mujeres pudieron ejercer el derecho del voto en Colombia.
A partir de este momento la mujer colombiana adquirió un compromiso en el reconocimiento de sus derechos como expresión de igualdad y justicia social, incorporándose esta gran fuerza creadora a la administración del Estado. Años más tarde, la Constitución de 1991 reforzó la inclusión de las mujeres en cargos de decisión política y reconoció la igualdad entre hombres y mujeres, garantizando su participación efectiva en los procesos políticos y la aplicación de la equidad de género también en los partidos.
Ya para 1970 se había eliminado la obligación que tenían las mujeres casadas de llevar el apellido del esposo y en 1974 se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones.
El Congreso de Colombia en 1976 establece el divorcio en el matrimonio civil, se regulan la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico.
Por su parte en 1981 es ratificada la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Para Colombia, dicha ley es desarrollada posteriormente mediante Decreto 1398 del 3 de julio de 1990.
En el año 1990 se registran tres triunfos para las mujeres: se amplía a 4 semanas las licencias de maternidad y lo hace extensivo a las madres adoptantes, a través y permitió a la compañera permanente (antes llamada concubina) la posibilidad de reclamar los derechos patrimoniales de su compañero haciendo valer el trabajo doméstico invisible. El tercero es la ratificación de la Convención Internacional.
La Constitución de 1991
Luego de la promulgación de la Constitución de 1991, son muchas las batallas que han ido ganando las mujeres colombianas para reivindicar sus derechos.
En 1992 se establece el divorcio para el matrimonio civil y hace más claridad en la igualdad entre cónyuges y al año siguiente se consagran los beneficios de las mujeres cabeza de familia, reformada por la Ley 1232 de 2008.
Con la Ley 248 de 1995 se convierte en legislación nacional la Convención Belem do Pará (contra la violencia hacia las mujeres) y se afirma el deber de “fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concienciar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda”.
A partir de este momento la legislación sobre el tema de violencia como la que se da en 1996 por el cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar y en 1997 se consagran los derechos de las víctimas, y se dispone la organización de los servicios de justicia y de salud para las víctimas, desarrollando el principio de equidad en la protección a los niños y las niñas.
Así mismo, la Ley Estatutaria No. 158 de 1998 determina la creación de mecanismos para cumplir con el principio de igualdad estipulado en los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución.
El Congreso introduce cambios que reflejan por un lado un mayor compromiso de protección a las mujeres: amplió las penas para los delitos que se cometan inspirados en un móvil de intolerancia o discriminación en razón del sexo, entre otras.
El nuevo milenio
Lo anterior se dio en el año 2000, como también la Resolución 412 del Ministerio de Salud, que establece actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y adopta las normas técnicas y Guías de Atención, entre ellas las de Atención a la mujer y al menor maltratado. El objetivo es ésta es detectar oportunamente a las víctimas de maltrato, brindar un tratamiento adecuado y disminuir las secuelas de muerte por esta causa, aquí también son incluidas las del componente de salud sexual y reproductiva.
También se puede mencionar como un logro en este año la Ley 581 que reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.
En 2002 la Ley 731 busca mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.
Los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres cada día se fortalecen más, es así como en 2003, el Congreso de la República dictó algunas normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres, donde se promueve y garantiza a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades, que les permitan participar activamente en todos los campos de la vida nacional y el progreso de la Nación.
Aunque para el año 2006 el tema del aborto no era algo nuevo, se establecen normas en relación a la interrupción voluntaria del embarazo y se reglamenta la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva.
Garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, son algunas de las normas que se aprobaron en 2008 con la Ley 1257.
La economía del cuidado es incluida en el sistema de cuantas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer en el desarrollo económico y social del país de acuerdo a la Ley 1413 de 2010.
Se reforman los códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras Disposiciones y se define que las instituciones educativas deberán: “Vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias”.
En 2008 un decreto del Ministerio de Trabajo definió las acciones necesarias para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres e implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de erradicación de todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. En 2011 se promulga la Ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal es el objeto de la Ley 1542 aprobada en 2012.
Aunque la participación de las mujeres en las esferas de la vida educativa, laboral, pública y política ha crecido gradualmente en los últimos 50 años, su participación en los altos niveles de estos escenarios continúa siendo muy baja. (Actualmente en Colombia solo el 12% de las mujeres ocupa – cargos de elección popular).
A pesar de haber alcanzado posiciones de influencia y contribuir al progreso político, social, humano y económico del país, aún hace falta la implementación de programas que garanticen el aumento de su participación política para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones.
Otras leyes
Ley 1719 2014: Derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual asociada al conflicto armado interno.
Ley 1761 2015: Ley Rosa Elvira Cely: Tipifica al feminicidio como un delito autónomo.
Ley 1773 2016: Ley Natalia Ponce: Tipifica como delito autónomo el ataque con agentes químicos; endurece las sanciones a los agresores; y elimina beneficios, como la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Ley 1822 2017: Se amplía la licencia de maternidad a 18 semanas.
Las más recientes leyes hablan de la equidad de género en la participación laboral de las mujeres en cargos del Estado y en las listas para aspirar a cargos de elección popular.
