Uno de los aportes del al Comisión del al Verdad fue el reconocimiento de otro tipo de violencias que se han normalizado, como es el de los derechos reproductivos, que deben ser reconocidos como derechos humanos. Según Catalina Martínez, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, la vulneración de estos está asociada a un contexto de discriminación histórica basada en estereotipos de género.
DIARIO DEL HUILA, CONFLICTO
El conflicto armado en Colombia dejó muchas víctimas, muchas de ellas silenciadas, casi olvidadas. Así lo expresa Catalina Martínez Coral, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. “En Colombia el cuerpo de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ fue un lugar de conflicto que los actores armados, legales e ilegales, usaron como botín de guerra. Durante años las víctimas fueron invisibilizadas y sus historias se silenciaron por el temor a hablar en voz alta de algo que se consideraba ‘íntimo´”.
De ahí radica la importancia de que el informe final de la Comisión de la Verdad incluyera las violencias reproductivas: todas esas acciones u omisiones que afectaron el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su salud y su vida reproductiva —si querían tener hijos, cuántos y cuándo, por ejemplo—. “Es la primera vez en la historia que una comisión de la verdad logra llegar a ese nivel de detalle”, afirmó Martínez.
Centro de Derechos Reproductivos
En su rol de organización que hace parte de la sociedad civil, el Centro de Derechos Reproductivos aportó dos informes a la Comisión de la Verdad de Colombia para comprender cómo la guerra afectó de manera diferenciada a las mujeres y niñas. El primero, titulado ‘Una radiografía sobre la Violencia Reproductiva contra mujeres y niñas en el conflicto armado colombiano’ concluyó que todos los actores armados ilegales, así como algunos miembros de la Fuerza Pública, ejercieron violencias reproductivas sobre niñas, jóvenes y mujeres; con prácticas que incluyeron anticoncepciones forzadas, esterilizaciones forzadas, embarazos por violación, maternidades forzadas, abortos forzados y otras violencias que de forma directa o indirecta afectaron la autonomía reproductiva.
Por su parte, el segundo informe, denominado ‘Salud reproductiva y glifosato en el contexto del conflicto armado’, dio cuenta de los impactos negativos que las aspersiones con glifosato tuvieron en la salud reproductiva de las mujeres que residían en las zonas rurales, a partir de evidencia científica. Entre los principales hallazgos están las afectaciones en la fertilidad, abortos involuntarios, efectos perinatales y efectos transgeneracionales (es decir, efectos nocivos del glifosato en segundas generaciones que afectan el rendimiento reproductivo).
“El reconocimiento de estas violencias que hizo la Comisión de la Verdad fue esencial pues hablamos de derechos reproductivos que deben ser reconocidos como derechos humanos. Y la vulneración de estos derechos está asociada a un contexto de discriminación histórica basada en estereotipos de género pues, tal y como lo documentó la Comisión de la Verdad, las violencias reproductivas casi siempre vienen acompañadas de la violación a otros derechos como el acceso a la información, la atención en salud, y los derechos a vivir una vida libre de violencias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes” recalcó la directora para América Latina y el Caribe de esta organización no gubernamental.
Así mismo añadió que “la sociedad colombiana necesitaba oír a las víctimas de las violencias basadas en género, incluidas aquellas reproductivas, para entender las dimensiones de crueldad que alcanzó esta guerra. Era necesario que nos enteráramos de que en los pueblos, ciudades y selvas hubo mujeres que no solo fueron violadas, sino también forzadas a abortar o a continuar con embarazos que nunca quisieron, según la voluntad de sus victimarios. Y que las más afectadas por estas acciones fueron, precisamente, las que vivían en condiciones más difíciles: las campesinas, migrantes, con sexualidades diversas, y pertenecientes a minorías raciales y étnicas”.
Un informe para la historia
El equipo liderado por el padre Francisco de Roux y la comisionada Alejandra Miller entregaron un documento que además de ser un espejo retrovisor de lo que fue el conflicto armado en Colombia, también mira hacia delante, puesto que entregó las recomendaciones que serán la base para que estos hechos no se repitan.
Recomendaron, por ejemplo, crear la categoría de violencia reproductiva para que quienes sufrieron de estas vulneraciones puedan ser reparadas conforme al ordenamiento jurídico colombiano y renunciar definitivamente a las aspersiones con glifosato, para que ninguna otra mujer tenga que morir, como le sucedió a Yaneth Valderrama, una campesina que perdió su embarazo enfermó y murió, luego de que el Estado rociara con herbicida la casa en la que vivía con su familia.
Incluso, como lo expresa Martínez Coral, “la Comisión pidió implementar la sentencia C-055-2022 (conocida como Sentencia de Causa Justa) para garantizar que las personas puedan acceder a servicios de salud reproductiva, incluida la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, sin que haya discriminación u obstáculos en el sistema de salud”.
Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, en Colombia hay registradas 15.738 víctimas de violencia sexual entre 1958 y 2018. Pero los casos apenas empiezan a documentarse y denunciarse.
Con lo anterior se busca que las violencias no queden invisibilizadas y desconocidas, ya que la sociedad necesita reconocer que la maternidad será deseada o no será, como dice algunas consignas de los movimientos feministas. “Las víctimas ya hicieron su parte al tener la valentía de contarnos sus historias a pesar del dolor que les produce, y ahora es función del Estado reconocerlas y repararlas. Pero la tarea de conocer lo sucedido para que no se repita es de toda la sociedad. No podemos fallarles”, concluye la directora del Centro de Derechos Reproductivos.
La comisionada Alejandra Miller explicó: “el objetivo es llegar al análisis de las formas en que se repitieron o diferenciaron comportamientos y dar cuenta de los patrones de violencia y la victimización. No solo es conocer lo que pasó, sino explicar las razones”.
Violencia sexual en aumento
Gracias a las cifras reportadas por las diferentes entidades competentes, la Procuraduría identificó que el mayor número de casos de violencia sexual se presentan en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca; mientras que Amazonas, Guainía, Vaupés y Guaviare, son los departamentos donde se registró mayor tasa de casos de violencia sexual en niñas y adolescentes por cada 100.000 mujeres.
El ente de control también manifestó con preocupación, que las entidades reportaron aumento en delitos sexuales contra menores de edad, particularmente por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
El informe también analizó el abordaje de violencia sexual por parte de la justicia transicional, bajo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz, reconociendo el gran avance que significa el macrocaso no. 11, pero también los grandes retos para abordar los casos de violencia sexual dentro del conflicto armado.
Para la Procuraduría se evidencian esfuerzos institucionales, pero se presentan situaciones que pueden conllevar a mayores índices de impunidad de la violencia sexual y deben revisarse, tales como el alto porcentaje de archivos, el aumento de absoluciones y preclusiones, el bajo número de sentencias y de capturas; y la dificultad en el avance procesal de los casos, ya que la mayoría se encuentran en etapa de indagación.
