Ante la ingobernabilidad que actualmente está viviendo el país, por la proliferación de grupos delincuenciales que se han tomado por su cuenta el dominio de algunos territorios del país, se ha empezado a generar una verdadera preocupación de diversos sectores de la opinión pública, que piden a gritos al gobierno nacional para que retomen en control de estas zonas, donde impera la violencia. Desde este medio de comunicación hemos venido siendo reiterativos que cuando se empezó el proceso de debilitamiento de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública, hecho que ha sido aprovechado por los grupos narcoterroristas para hacer de la suya, imponiendo su voluntad y sometiendo a las familias que residen en esas regiones. El orden público se encuentra alterado y ha desbordado el accionar de las autoridades que se siente impotentes por el vuelo que han cogido.
Lo inaudito, es que el mismo presidente Gustavo Petro Urrego, y su ministro de Defensa, no atienden ni asisten a las cumbres de gobernadores y de los gremios empresariales, para expresarles personalmente esta situación que cada vez es más creciente. Estas organizaciones han vuelto a asesinar policías utilizando el plan pistola, sin que exista una respuesta del ejecutivo. Es el colmo que la sociedad colombiana se sienta inerme a esta oleada de violencia.
A corte de 21 de junio, Indepaz ha expresado que durante el presente año se han presentado 52 masacres, donde han sido asesinadas 170 personas. Durante la vigencia de 2022, 94 masacres y 300 personas asesinadas. Estas acciones delincuenciales están desbordando la capacidad de respuesta oficial, lo cual se convierte en una mayúscula preocupación para las autoridades gubernamentales. La percepción de la gente y las cifras oficiales coinciden en que el país atraviesa una preocupante etapa de inseguridad que exige respuesta inmediata del Estado. Lo que está sucediendo en Buenaventura y en algunos municipios de Norte de Santander, Cauca, Nariño y Caquetá, entre otros, reflejan que las organizaciones narcoterroristas, son las que han asumido el dominio sobre la mayoría de las familias que viven en estas regiones.
Actualmente estamos viviendo, una profunda crisis social, económica y política. Lo están padeciendo todas las regiones colombianas. Lo anterior se ha vuelto el caldo de cultivo para que estemos presenciando estos escenarios de violencia. El aumento de las extorsiones que están realizando las organizaciones delincuenciales a funcionarios públicos, dirigentes políticos, empresarios, transportadores y a campesinos entre otros, les están generando un ambiente de temor y pánico, por la presión irracional de estos actores armados, que no les interesa el bienestar de las familias afectadas. El gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, debe realizar una reingeniería a su política de la Paz Total que hasta el momento ha sido un fracaso total. Ha sido infructuosa la búsqueda de ésta.
