Cuando acudimos a comprar o adquirir servicios en los establecimientos comerciales que funcionan en la ciudad, el comentario generalizado es la preocupación de los propietarios porque están siendo citados a las montañas del departamento, para que paguen tributos a las organizaciones criminales que día tras día se están incrementando de manera exponencial en el territorio huilense. Desde que asumió el gobierno del cambio, toda la dinámica productiva se ha visto permeada por la presión de estos grupos subversivos, que son inclementes e insaciables para hacer efectivas las vacunas. Aunque los áulicos del actual primer mandatario de los colombianos no aceptan que se estén presentando estos casos de extorsión, porque viven en la estratosfera y aislados de lo que ocurre en el contexto nacional, generando distorsiones en la difusión de las redes sociales que provienen de las detestables bodegas que han contribuido a la polarización política en nuestro país.
Inclusive en los municipios, los vendedores ambulantes no se sustraen del cobro de estas vacunas. Un simple vendedor de dulces, de cuajada, o de alimentos, deben contribuir a la famosa causa revolucionaria. Desafortunadamente el progresivo debilitamiento de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública, ha generado que dichas organizaciones subversivas, estén incrementando su accionar bélico en vastos territorios de la geografía nacional. Igualmente, la aplicación incoherente de los instrumentos de la política económica en el país, están generando un acelerado empobrecimiento de los sectores poblacionales que los obliga tomar decisiones en la búsqueda de ingresos a través de actividades ilícitas. La inseguridad ciudadana y la extorsión, ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades.
Por este motivo, este delito en obligar a través de violencia y amenazas a las personas de bien es la extorsión. Los delincuentes utilizan estos procedimientos obligando a sus víctimas a tolerar u omitir un acto en contra de su voluntad, con la intención de generar provecho ilícito o beneficio económico para si o para un tercero. En nuestro departamento se está incrementando esta clase de hechos, que están afectando el bienestar de las familias de bien. Lo practican los presos desde los diferentes centros penitenciarios del país, con la anuencia de los guardias del Inpec, que son los que dejan entrar los dispositivos. Es inaudito que con las últimas tecnologías que existen en el mundo moderno, el gobierno nacional no tome la determinación de neutralizar el espectro electromagnético alrededor de las cárceles del país, para evitar la salida de las llamadas. Son cada vez más frecuentes los reportes de intimidaciones en todo tipo establecimientos comerciales, industria, minería formal, transporte público, lo cual no son fundadas estas quejas del sector productivo y no como lo hacen desde el gobierno central, que buscan bajarle vapor a este inconformismo generalizado, donde solo ellos se lo creen, desde los despachos ministeriales.
