Por: Angélica Mayolo
La Constitución de 1991 marcó un principio importante de descentralización administrativa en Colombia. Fortaleció los regímenes municipales y distritales, y les dio a los entes territoriales competencias que antes correspondían al Gobierno Nacional. Uno de los supuestos del modelo descentralizador fue que todas las regiones y municipios tenían la capacidad de técnica para asumir la prestación de servicios y gestionar su propio desarrollo. Justamente en un país donde el 90% de los municipios están en sexta categoría, no cuentan con recursos propios para inversión, dependen principalmente de las transferencias y tienen una incipiente capacidad institucional, se podría afirmar que la descentralización aún no se ha consolidado.
La descentralización no es solamente fiscal ni está asociada únicamente a la distribución del presupuesto entre los distintos gobiernos departamentales y locales. Algunos departamentos con capacidad robusta como Antioquia y el Valle del Cauca han logrado absorber con relativo éxito el modelo de descentralización que impulsó la Constitución del 91, en buena medida por el tamaño de sus economías y por disponer de capital humano cualificado para planear, estructurar proyectos y ejecutarlos. Uno de los grandes retos de la descentralización administrativa es que no todos los territorios que conforman al país son homogéneos y ni disponen de la misma capacidad técnica para asumir las competencias que les delega la Constitución.
En el marco del acuerdo de paz se crearon los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial que abarcan a los 170 municipios del país más afectados por el conflicto armado, donde además hay una persistencia en las necesidades básicas insatisfechas y en la garantía de los derechos de sus habitantes. El objetivo de dichos planes era, justamente, reducir las condiciones sociales y económicas que sirvieron de combustible para el conflicto armado y dispuso de unos recursos muy importantes para lograrlo. Sin embargo, el gran desafío que nos hemos encontrado es que la mayoría de esos municipios no cuentan con banco de proyectos ni con personal capacitado para formular los proyectos de inversión necesarios para convertir esos recursos en estrategias efectivas y eficientes para promover el desarrollo con enfoque territorial.
En ese sentido, la clave del modelo de descentralización en Colombia no debe limitarse únicamente a distribuir competencias entre el nivel nacional, departamental y distrital o municipal, sino que debe asegurarse de brindar condiciones para que los entes territoriales con menor capacidad institucional la desarrollen y puedan asumir de forma pertinente la prestación de servicios y gerenciar su propio desarrollo idóneamente. Hoy, a pesar de la limitación del presupuesto público, el mayor obstáculo está en la capacidad técnica con la que no cuentan 9 de cada 10 municipios en Colombia.
En ese mismo sentido, podría pensarse en un modelo donde también quepa una distribución de las entidades del Gobierno Nacional fuera de Bogotá, lo que permitiría potenciar a algunas regiones, particularmente costeras, brindándole a una o algunas ciudades los beneficios de albergar entidades del nivel nacional y de compartir la capitalidad del país. En cualquier caso, la tarea pendiente de la descentralización administrativa es fortalecerla y profundizarla, porque después de 30 años de la constitución sigue estando a mitad de camino.
