Por: EDWIN FERNANDO PISSO ESCALANTE
Esta semana, los medios de prensa nacionales, regionales y los debates en la COP-16 en Cali, destacaron el proyecto de acto legislativo 018 de 2024, este último escenario por el reclamo de los mandatarios del país en la escasez de recursos para conservación de la biodiversidad. El proyecto busca aumentar la autonomía regional y la descentralización en Colombia, el cual ya fue aprobado por el Congreso de la República y pasa a cursar los debates en la Cámara de Representantes.
El proyecto modificará los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia, aumentando gradualmente las transferencias anuales a los entes territoriales hasta llegar al 39,5%. Esto no solo incrementa los recursos, sino también las competencias. Esta medida tiene un impacto significativo en la distribución de recursos y la toma de decisiones en los niveles locales. Según la Corte Constitucional (Sentencia C-497 de 1994), la descentralización es «el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a las entidades territoriales regionales o locales, ejecutadas en su propio nombre y bajo su responsabilidad». Esto implica autonomía administrativa y financiera, sin apartarse del control central.
El proyecto cambia el modelo de repartición de recursos, aumentando las responsabilidades de estas decisiones de inversión pública y financiación de servicios públicos esenciales como educación, salud y saneamiento básico a los Departamentos y Municipios. Aunque la distribución de los recursos se basa en el número de habitantes, el Gobierno Nacional propone privilegiar a las regiones más pobres, criterio que se debe resaltar como logro del acuerdo dado en el Congreso de la Republica.
Aunque la descentralización aumenta la autonomía y recursos para los entes territoriales, también exige buena administración, transparencia y eficiencia. Desafortunadamente, la ineficiencia, la corrupción y el clientelismo político amenazan esta iniciativa. La apuesta es aumentar el control ciudadano y la participación en escenarios como la rendición de cuentas por parte de las administraciones municipales. Esto requiere una mayor conciencia ciudadana y participación activa en los procesos de toma de decisiones.
En conclusión, el proyecto de descentralización es un paso importante hacia la autonomía regional y la equidad en la distribución de recursos. Sin embargo, es crucial abordar los desafíos de ineficiencia y corrupción para garantizar su éxito. La implementación efectiva de este proyecto dependerá de la capacidad de los entes territoriales para ejecutar recursos de manera transparente y eficiente, fortaleciendo la participación ciudadana y el control social, implementando mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, capacitando a los funcionarios públicos en gestión y administración, y estableciendo indicadores de desempeño y evaluación que permitan fácil entendimiento por la población. La descentralización no es solo una reforma administrativa, sino una oportunidad para transformar la relación entre el Estado y la sociedad, construyendo una democracia más participativa y una sociedad más justa y equitativa. Es hora de trabajar juntos para construir un futuro más próspero y equitativo para todas las regiones de Colombia.
