Las familias colombianas añoran los tiempos en otrora, cuando salían a sentarse con sus integrantes y con sus vecinos a dialogar sobre el diario acontecer, para compartir momentos alegres en una completa alegría y tranquilidad. Tiempos aquellos que no volverán. Hoy en día, las viviendas tienen que estar con las puertas cerradas y trancadas y si se puede, aseguradas con barrotes de acero, si no quieren que la delincuencia desbordada que impera en las ciudades se convierta en la peor tragedia que puedan afectar su bienestar general. Es impresionante la circulación en motos de los atracadores que se pasean tranquilamente por las calles de los municipios, que tienen constantemente atemorizados a una población inerme, que se encuentra desprotegida del accionar gubernamental. Los municipios huilenses no escapan a este viacrucis.
Y cuando la policía nacional, interviene en algunos casos, y son sorprendidos en fragancia, los capturan y los llevan a los fiscales quienes lo acusan de los delitos cometidos y son los jueces que después de escuchar a las partes intervinientes, deciden dejarlos en libertad porque no representan un peligro a la sociedad. Absurda medida. La laxitud y los altos niveles de impunidad tienen afectados necesariamente la paz y la tranquilidad de las familias colombianas. Son tan cínicas las imágenes que se divulgan a través de las redes sociales, que salen burlándose de las autoridades que los llevan a sus casas como detención domiciliaria y en las noches continúan el accionar delincuencial como si nada hubiera sucedido.
Por este motivo, es imperante que el nuevo presidente de los colombianos asuma con mucha responsabilidad y aplomo, a través de la implementación de una política pública severa contra todos los delincuentes de cuello blanco y los que se pasean libremente por las vías de las ciudades. No se puede salir a pasear con la familia, por las calles, porque estamos expuestos en todo momento, a ser abordados por estos maleantes. Se debe cambiar esta justicia apremiante, que solo se les aplica a estos depravados delincuentes, que no respetan la vida, ni el patrimonio de las familias.
Lo anterior no puede continuar. Esto tiene que cambiar. La sociedad colombiana, pide a gritos más justicia, que castigue con medidas punitivas más drásticas y ejemplarizantes. Al país, no se lo podemos entregar a la delincuencia. Son cada vez más altos los indicadores de atracos y robos en todo el país. No es alarma. Es la triste realidad que vive la sociedad colombiana, sometida a este accionar delincuencial. Igualmente, el nuevo gobierno nacional, debe emprender un mejoramiento de las políticas públicas que conduzcan a llegar a los sectores más vulnerables de los municipios, con un desarrollo social y económico. Hay necesidad de generar oportunidades laborales. Hay que atacar también el génesis de esta problemática. Hay que atacar las causas y no solamente las consecuencias.
