ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Los sistemas democráticos que contribuyen eficazmente al progreso de las sociedades y de los Estados, mantienen un régimen de partidos que sin ser muchos, tampoco son solamente bipartidistas, como ocurre en los Estados Unidos y en algunos países de Europa.
Un número adecuado de partidos políticos mantiene un equilibrio entre democracia amplia, abierta y participativa; y un régimen pluralista que estimula la diversidad generadora de consensos. No obstante, es posible que estos adopten confrontaciones ideológicas y programáticas que siendo claramente antagónicas, nunca generan polarización que estimule bajas pasiones hasta llegar a agresiones y violencia entre sus simpatizantes.
Los fenómenos recientes que nuestra sociedad colombiana ha padecido por la violencia desenfrenada de las Farc y otros grupos armados insurgentes; en su abierta confrontación militar por los territorios dedicados a los cultivos ilícitos, primero a la bonanza marimbera y luego al narcotráfico de la amapalola y la coca; produjo nuevas violencias y agudizó posiciones ideológicas entre derecha e izquierda, aparentemente solucionadas con reformas constitucionales y legales que han contribuido a la anarquía y el desorden institucional.
En éste crudo escenario de violencia e inseguridad la Constitución del 91 diseñó un nuevo esquema institucional de participación democrática, el cual generó el pluralismo que condujo a la elección popular de alcaldes y luego de gobernadores.
Por ello, nacieron nuevos partidos políticos y se estimuló la presencia de los grupos significativos de ciudadanos, al punto que hoy ya existen reconocidos por la autoridad electoral 35 partidos con personería jurídica y con derecho a financiación estatal bajo el parámetro del umbral. Al tiempo, han crecido los movimientos sociales que inscriben candidaos por firmas aunque se estrellan con costosas pólizas que limitan sus esfuerzos electorales.
Las reformas constitucionales ocurridas entre 2002 y la última de 2009, han generado un desorden institucional de la participación política, el cual ha convertido a la noble actividad dedicada a la gobernanza ciudadana, en una vegonzosa feria de avales que se ofrecen al mejor postor, con el sistema de voto preferente o listas cerradas, en donde cada colectividad impone los caprichos de sus dirigentes, generalmente de origen congresional.
La más reciente innovación lo constituye la obligatoria inclusión del porcentaje de candidatas femeninas orientado a estimular la participación de la mujer en la actividad partidista.
Como es fácil observarlo, el sistema político y electoral en Colombia viene sufriendo una paulatina pero constante deformación institucional que está marchitando la democracia. Los partidos han perdido credibilidad y confianza aún dentro de sus militantes. Sus dirigentes, jefes o caudillos ya no suscitan entusiasmo, en la misma medida en que estimularon las cerradas roscas que los usufructúan en su personal y/o familiar beneficio.
En éste contexto de desorden y anarquía del sistema, la corrupción ha florecido con inusitada consistencia, en donde los clanes y alianzas se multiplican por doquier, en el desesperado esfuerzo por permanecer en el control de los presupuestos públicos; mientras las regiones, las ciudades y las comunidades; ven crecer sus necesidades básicas que los empobrecen y alejan del sistema democrático donde ya no encentran opciones decentes que se preocupen por sus problemas económicos y sociales.
El presidente Petro conoce muy bien la fauna politiquera y corrupta que, con honrrosas excepciones, ha gobernado durante los últimos 40 años, razón por la cual los ha puesto en la picota pública, aunque con altas dosis de populismo y demagogia. En esta penosa situación se debate la democracia colombiana que no encuentra liderazgos que ofrezcan esperanza. Ello explica la incertidumbre y desazón que hoy se advierte en todos los sectores económicos y sociales, donde crece el rechazo ciudadano a los políticos y se advierten vientos de renovación con candidatos jóvenes, autónomos e independientes que compiten contra las roscas enquistadas en el poder territorial y local.
Volviendo al tema que motiva la presente reflexión es pertinente observar la dicotomía conceptual entre las deslealtades políticas y el mecanismo legal de la doble militancia. El asunto parece un nuevo chiste. Basta con observar ahora cómo es que existen candidatos a concejos que promueven aspirantes de partidos distintos a los de su aval, para otras corporaciones como asamblea, o para alcalde o gobernador. Lo que presenciamos es una feria de dinero comprando apoyos para alcanzar la respectiva curul o cargo, sin respetar las lealtades partidistas establecidas en la ley, incrementando el caos y la anarquía institucional del sistema democrático.
COLETILLA.- Ha sido relevante ver a un «coordinador o director» de un partido serio y respetable, exigir la renuncia del candidato por él mismo formulado; haciendo desesperado proselitismo con los militantes para que voten por otro candidato. Fiel reflejo de la degeneración de la política en que la han convertido ciertos dirigentes, a quienes solo les inspiran sus personales intereses.
