En una operación liderada por la Fiscalía General de la Nación, la organización criminal conocida como «Los Robles» fue impactada con la captura de ocho de sus presuntos miembros en Ibagué, Tolima.
Estas personas enfrentan cargos por concierto para delinquir, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático y delitos semejantes, siendo señaladas de orquestar un elaborado esquema de fraude que resultó en el hurto de más de $600 millones.
Según los análisis realizados por la Sección de Análisis Criminal del CTI de la Fiscalía en el Tolima, los detenidos se comunicaban telefónicamente con empleados de una reconocida empresa de encomiendas, haciéndose pasar por personal de soporte técnico. Mediante engaños, lograban persuadir a las víctimas para permitirles acceso remoto a los servidores, desde donde llevaban a cabo millonarias transferencias.
Los implicados fueron identificados como Jairo Alonso Vélez Carmona (32 años), presunto líder del grupo; Yerson Javid Bonilla Trilloz (25 años); Mildre María Miranda Blanquicett (30 años); Rufino Gómez Alvarado (83 años); Briceida de Jesús Ramírez Escorcia (47 años); Candelaria del Carmen Benavides Aguas (40 años); Jenifer Jiménez Bonilla (30 años); y César Augusto Estrada Ramírez (31 años).
La Fiscalía logró la imposición de medidas cautelares, dictando prisión intramuros para Jairo Alonso Vélez Carmona, mientras que el resto de los implicados enfrentará arresto domiciliario durante el desarrollo de la investigación en su contra.
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La investigación revela que los delincuentes, haciéndose pasar por personal de soporte técnico de la empresa de mensajería, ingresaban de manera abusiva a los computadores de las víctimas, extrayendo cuantiosas sumas de dinero que luego eran distribuidas en diversas cuentas a nombre de terceros.
Los delitos atribuidos a esta banda delictiva se extienden en el tiempo y en varias ciudades del país. La Fiscalía ha documentado ocho noticias criminales, identificando el mismo modus operandi desde el año 2017 hasta el 2022 en diferentes lugares como El Espinal e Ibagué (Tolima), Pradera (Valle del Cauca), Villa de Leyva (Boyacá), Bogotá, Tena (Cundinamarca), y Neiva (Huila).
Cada miembro de la organización cumplía un rol específico, siendo el presunto líder el encargado de acceder abusivamente al sistema a través de una herramienta de acceso remoto. Además, se destaca el uso de un corresponsal bancario para transferir dinero sin dejar rastro, y la participación de «pitufos o drops», responsables de abrir cuentas para recibir el dinero ilícito, con cerca de 20 personas identificadas en su mayoría en la Costa Atlántica.
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