Históricamente el aborto ha sido considerado un debate de muchas décadas y el género femenino poco a poco ha venido generando una opinión de respaldo, sacando el tema de la esfera de la religión y la moral, para colocarlo en el escenario de la salud pública y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. En los estrados judiciales se han generado algunos fallos trascendentales en la normatividad colombiana, que de acuerdo con sus implicaciones y antecedentes en una sociedad que, en la mayoría de los casos, han sido rechazadas dichas medidas, pero que han logrado beneficiar a muchas parejas colombianas y a mujeres que han sufrido el flagelo del maltrato familiar y de las violaciones.
Mientras en otros países se han tomado decisiones que van en contravía de las sanas costumbres en la familia, pero que en muchas ocasiones cuando se encuentra un riesgo grave para la vida o salud de las embarazadas, han logrado legalizar el aborto. Actualmente la interrupción voluntaria del embarazo es un tema constantemente secuestrado por el ruido del radicalismo. Quienes se oponen al aborto como derecho suelen tratar a las mujeres como asesinas irresponsables, cerrando cualquier posibilidad de diálogo. Eso es una lástima, porque en la realidad colombiana son demasiadas las mujeres que tienen que enfrentarse a esta difícil situación, en un estado de vulnerabilidad que atenta contra su salud.
Por este motivo, el pasado jueves 20 de enero era claro para la Sala Plena de la Corte Constitucional que las posturas de los ocho magistrados que estaban debatiendo sobre la posible despenalización del aborto en Colombia eran irreconciliables, y no había forma de tomar una decisión de fondo sobre las dos demandas que estudia el alto tribunal pidiendo sacar el aborto del Código Penal. Estamos sujetos a los conjueces designados para lograr el desempate y así dirimir esta situación que viene aplazándose por lustros.
Los diferentes sectores de opinión coinciden que en juego está la posibilidad de que el aborto deje de ser criminalizado, sin condición alguna, o bien que se mantengan intactas las tres causales en las cuales la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no es un delito sino un derecho, según fallo de la Corte Constitucional de mayo de 2006: la grave malformación del feto incompatible con la vida, riesgo para la salud física o mental de la madre o el abuso sexual e incesto.
El gobierno nacional, expertos juristas, congresistas y académicos estiman que el debate sobre la despenalización lo debe dar el Congreso y no la justicia. El estigma, nos parece, se debe a que el debate público se da a menudo desde la perspectiva macro, donde los motivos de las mujeres para abortar suelen ignorarse y silenciarse.
